En un giro inesperado de los acontecimientos políticos en Ecuador, Carlos Alarcón ha asumido el cargo de fiscal general subrogante y ha tomado una decisión que ha generado un gran revuelo en el ámbito público. Su primer encargo ha sido el pedido de archivo de una investigación que involucra al presidente Daniel Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi, y directivos de la minera canadiense Dundee Precious Metals. Esta investigación se centra en acusaciones de tráfico de influencias relacionadas con el proyecto minero en Quimsacocha, un tema que ha suscitado intensas protestas y debates en el país.
La denuncia original fue presentada por Yaku Pérez, un excandidato presidencial y líder del movimiento Pachakutik, quien ha sido un ferviente opositor a la explotación minera en la región. Pérez argumentó que la concesión otorgada a la minera había sido el resultado de prácticas corruptas y que la comunidad local estaba en riesgo debido a las actividades mineras. La situación se intensificó cuando más de 100,000 personas participaron en una marcha en Cuenca, exigiendo la protección de sus recursos hídricos y el respeto a sus derechos.
### La Decisión de Archivar la Investigación
El 13 de octubre de 2025, Carlos Alarcón presentó un documento a la Corte Nacional de Justicia solicitando el archivo de la investigación. Este pedido ha sido interpretado por muchos como un intento de proteger al presidente y su administración de un escándalo que podría tener repercusiones significativas. La decisión ha generado críticas de diversos sectores, que ven en ella un posible conflicto de intereses y una falta de compromiso con la justicia.
Alarcón, quien fue designado por el Consejo de la Judicatura el 3 de octubre, ha tenido un ascenso rápido en su carrera, pero su primer movimiento ha dejado a muchos cuestionando su imparcialidad. La denuncia de Pérez, que fue presentada hace siete semanas, había sido un llamado a la acción para investigar a los altos funcionarios involucrados en el caso. Sin embargo, la rápida decisión de Alarcón ha dejado a muchos preguntándose si realmente se llevará a cabo una investigación justa y exhaustiva.
La Corte Nacional de Justicia, encabezada por la jueza Daniella Camacho, ahora tiene la responsabilidad de decidir si acepta o no el pedido de archivo. Este caso no solo afecta a los involucrados directamente, sino que también tiene implicaciones más amplias para la confianza pública en el sistema judicial y en la administración de Noboa.
### Reacciones y Consecuencias Potenciales
La respuesta a la decisión de Alarcón ha sido inmediata y contundente. Activistas, políticos y ciudadanos han expresado su preocupación por lo que consideran un intento de silenciar la verdad y proteger a los poderosos. La situación ha reavivado el debate sobre la corrupción en Ecuador y la necesidad de una mayor transparencia en las instituciones gubernamentales.
El presidente Noboa, por su parte, ha defendido su administración y ha rechazado las acusaciones de corrupción. En una reciente declaración, afirmó que los opositores están tratando de desestabilizar su gobierno y que las acusaciones carecen de fundamento. Sin embargo, la percepción pública es que la decisión de archivar la investigación podría ser vista como un intento de encubrir irregularidades.
La presión sobre Alarcón y su oficina se intensificará a medida que la Corte Nacional de Justicia evalúe su solicitud. Si se acepta el archivo, podría sentar un precedente peligroso para futuros casos de corrupción y tráfico de influencias en el país. Por otro lado, si la corte decide continuar con la investigación, podría abrir la puerta a un escrutinio más profundo de las acciones de Noboa y su administración.
La situación en Ecuador es un recordatorio de la fragilidad de las instituciones democráticas y la importancia de la rendición de cuentas. La comunidad internacional también está observando de cerca este caso, ya que podría tener implicaciones para la inversión extranjera y la estabilidad política en el país. En un momento en que Ecuador enfrenta desafíos económicos y sociales significativos, la forma en que se maneje este caso podría influir en el futuro del país y en la confianza de sus ciudadanos en el gobierno.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial seguir de cerca las decisiones de la Corte Nacional de Justicia y las reacciones de la sociedad civil. La lucha contra la corrupción en Ecuador está lejos de terminar, y este caso podría ser un punto de inflexión en la búsqueda de justicia y transparencia en el país.
