En un contexto de creciente tensión política y social, la Asamblea Nacional de Ecuador ha tomado una decisión significativa al aprobar una resolución que rechaza la participación de actores políticos en las protestas sociales. Este movimiento, que se produjo el 8 de octubre de 2025, refleja la lucha interna entre las diferentes bancadas políticas del país, especialmente entre el oficialismo y la oposición.
La resolución fue impulsada por Diana Jácome, asambleísta de la bancada oficialista ADN, quien argumentó que la infiltración de organizaciones políticas en las manifestaciones representa un intento de desestabilización del país. Con 76 votos a favor de los 148 asambleístas presentes, la moción fue aprobada en una sesión virtual, lo que subraya la importancia y la urgencia del tema en la agenda política actual.
### Contexto de la Resolución
El debate en la Asamblea se desarrolló en un ambiente de confrontación, donde los representantes de la Revolución Ciudadana, como Juan Andrés González y Blasco Luna, cuestionaron la coherencia de la postura de Jácome. Recordaron que en el pasado, ella había defendido al expresidente Rafael Correa, pero ahora apoya al gobierno de Daniel Noboa. Esta crítica pone de manifiesto las divisiones profundas dentro del espectro político ecuatoriano, donde las lealtades pueden cambiar rápidamente en función de las circunstancias.
Durante su intervención, Jácome presentó audios filtrados en redes sociales que, según ella, evidencian la participación de líderes de la Revolución Ciudadana en las manifestaciones contra el gobierno. Este tipo de acusaciones no solo intensifican el conflicto entre las bancadas, sino que también generan un clima de desconfianza entre los ciudadanos hacia sus representantes.
La resolución de la Asamblea se articula en varios puntos clave. En primer lugar, se establece un rechazo explícito a los intentos de desestabilización a través de organizaciones políticas infiltradas en las protestas. En segundo lugar, se ratifica el respeto al derecho de los ciudadanos a la protesta pacífica, diferenciando entre las manifestaciones legítimas y aquellas que buscan fines políticos desestabilizadores. Además, se exhorta a las instituciones del Estado a mantener vigilancia y tomar medidas para prevenir y sancionar actos de violencia y manipulación política.
### Reacciones y Consecuencias
La aprobación de esta resolución ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Por un lado, los miembros de la Revolución Ciudadana han manifestado su desacuerdo, defendiendo su derecho a protestar y acusando al gobierno de intentar silenciar a la oposición. Juan Andrés González, jefe de bancada de la Revolución Ciudadana, enfatizó que su bloque siempre estará del lado del pueblo y que llamarán a la paz, pero también a la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Por otro lado, el presidente Daniel Noboa ha hecho declaraciones contundentes en respuesta a los recientes ataques a su caravana presidencial, afirmando que los responsables de actos violentos serán llevados ante la justicia. Esta postura refleja la determinación del gobierno de mantener el control y la estabilidad en un momento en que las tensiones sociales están en aumento, especialmente en relación con el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en contra de la eliminación del subsidio al diésel.
La situación actual en Ecuador es un reflejo de la complejidad de su panorama político, donde las protestas sociales se entrelazan con las luchas de poder entre diferentes grupos. La resolución de la Asamblea no solo busca abordar la infiltración política en las manifestaciones, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia en el país y el papel que jugarán las instituciones en la mediación de estos conflictos.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo reaccionan tanto el gobierno como la oposición ante esta nueva dinámica. La capacidad de las autoridades para gestionar las tensiones sociales y políticas será determinante para la estabilidad del país en los próximos meses. La resolución de la Asamblea podría ser vista como un paso hacia la consolidación del poder del oficialismo, pero también podría intensificar la resistencia de la oposición, lo que podría llevar a un ciclo de confrontación que afecte a la sociedad ecuatoriana en su conjunto.
