Las reformas a la Ley Orgánica de Contratación Pública en Ecuador han generado un amplio debate y controversia desde su aprobación por la Asamblea Nacional. Estas reformas, que entraron en vigencia el 7 de octubre de 2025, han sido objeto de críticas debido a su relación con la Ley de Integridad Pública, la cual fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional del país. Este artículo explora los detalles de las reformas, sus implicaciones para los procesos de contratación y las reacciones que han suscitado en la sociedad ecuatoriana.
### Contexto de las Reformas a la Ley de Contratación Pública
La Ley Orgánica de Contratación Pública es un marco normativo fundamental que regula cómo el Estado ecuatoriano realiza sus compras y contrataciones. La reciente reforma, que fue aprobada con 80 votos a favor, busca reconfigurar este sistema, introduciendo cambios significativos que, según sus defensores, pretenden mejorar la transparencia y reducir la discrecionalidad administrativa en los procesos de contratación.
Sin embargo, la controversia surge del hecho de que varios artículos incluidos en estas reformas provienen de la Ley de Integridad Pública, que fue declarada inconstitucional el 26 de septiembre de 2025. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la validez y la legalidad de las nuevas disposiciones, así como sobre la capacidad del gobierno para implementar cambios que ya han sido rechazados por la máxima autoridad judicial del país.
Durante el debate en la Asamblea, la legisladora Nathaly Farinango, quien fue la ponente del informe, defendió la reforma argumentando que fue el resultado de un proceso exhaustivo que incluyó 36 sesiones y 58 comisiones generales. Afirmó que la propuesta busca incorporar «varios avances» y mejorar el sistema de contratación pública en Ecuador. Sin embargo, la oposición ha señalado que la aprobación de estas reformas representa un intento del gobierno de eludir las decisiones de la Corte Constitucional.
### Implicaciones para los Procesos de Contratación
Una de las principales preocupaciones que han surgido tras la aprobación de las reformas es cómo afectarán a los procesos de contratación que ya estaban en marcha antes de su entrada en vigencia. La primera disposición transitoria de la reforma establece que los procedimientos de contratación que hayan iniciado su fase preparatoria, así como los contratos que se hayan suscrito antes de la vigencia de la nueva ley, continuarán bajo la normativa vigente en el momento de su inicio.
Esto significa que cualquier proceso que se haya iniciado bajo la Ley de Integridad Pública y su reglamento, que fue declarado inconstitucional, seguirá su trámite conforme a la normativa vigente a la fecha de su inicio o suscripción. Esta disposición busca garantizar que no se interrumpan los procesos ya establecidos, pero también plantea interrogantes sobre la coherencia y la estabilidad del marco legal en el que operan las contrataciones públicas.
El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ha comunicado que el Sistema Oficial de Contratación Pública está plenamente disponible tras la publicación de las reformas en el Registro Oficial. Esto implica que las entidades estatales pueden continuar con sus procesos de contratación, aunque bajo un marco normativo que ha sido objeto de controversia.
### Reacciones y Perspectivas Futuras
Las reacciones a las reformas han sido mixtas. Por un lado, los partidarios del gobierno argumentan que estas reformas son necesarias para modernizar el sistema de contratación pública y hacerlo más eficiente. Sin embargo, los críticos sostienen que la inclusión de artículos de una ley previamente declarada inconstitucional socava la confianza en el sistema legal y en la capacidad del gobierno para llevar a cabo reformas efectivas y legítimas.
La situación plantea un escenario incierto para el futuro de la contratación pública en Ecuador. La posibilidad de que estas reformas sean impugnadas en los tribunales o que se generen nuevos conflictos legales es alta, lo que podría llevar a una mayor inestabilidad en el sistema de contratación pública. Además, la percepción de corrupción y falta de transparencia en los procesos de contratación podría intensificarse si no se implementan mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas.
En resumen, las reformas a la Ley de Contratación Pública en Ecuador representan un intento del gobierno por reconfigurar un sistema que ha sido criticado por su falta de transparencia y eficiencia. Sin embargo, la controversia en torno a su legalidad y las implicaciones para los procesos de contratación existentes generan un clima de incertidumbre que podría afectar la confianza pública en las instituciones y en el propio sistema de contratación pública.
