El reciente impulso del Gobierno ecuatoriano hacia la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia ha generado un intenso debate en el ámbito legal y social. Esta normativa, que busca reformar aspectos clave del Banco de la Seguridad Social, ha enfrentado críticas y acciones de inconstitucionalidad desde su publicación. A continuación, se analizan los principales puntos de controversia y las implicaciones de esta ley en el sistema de seguridad social del país.
### Implicaciones de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia
La Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, presentada como un proyecto económico urgente por el Gobierno de Daniel Noboa, tiene como objetivo principal otorgar al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) la facultad de vender créditos en mora. Esto incluye deudas hipotecarias, quirografarias y prendarias que no han sido pagadas a tiempo por afiliados o jubilados. Esta medida ha suscitado preocupaciones entre los ciudadanos, quienes temen que la venta de sus deudas a entidades privadas pueda agravar su situación financiera.
Además de la venta de la cartera vencida, la ley permite que el Ejecutivo designe directamente al vocal del Consejo Directivo del IESS. Esta disposición ha sido criticada por organizaciones sociales y abogados, quienes argumentan que elimina la participación ciudadana y la transparencia en la administración pública. La Fundación Inredh, por ejemplo, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad que se centra en estas reformas, alegando que comprometen el patrimonio del sistema de seguridad social.
La ley también plantea que el costo operativo de la elección de los vocales restantes del Consejo Directivo se cubra con el presupuesto del IESS, lo que podría desviar recursos que deberían destinarse a la atención de los afiliados y jubilados. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar la viabilidad y la ética de las reformas propuestas.
### Acciones de Inconstitucionalidad y Reacciones Sociales
Desde su publicación, la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia ha enfrentado al menos dos acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. La primera fue presentada por la abogada Patricia Borja, quien argumenta que la forma en que fue aprobada la ley por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional carece de legitimidad. La segunda demanda proviene de la Fundación Inredh, que critica las disposiciones que permiten la venta de la cartera vencida y la designación directa de un vocal del IESS por parte del Ejecutivo.
Las organizaciones sociales han convocado a manifestaciones y concentraciones en las afueras de la Corte Constitucional, exigiendo la revisión de esta ley y defendiendo la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a la seguridad social. Este tipo de movilizaciones refleja un creciente descontento entre la población, que teme que las reformas propuestas puedan llevar a una mayor precarización de los derechos de los afiliados y jubilados.
La Corte Constitucional, que recientemente dejó sin efecto otras leyes económicas urgentes por vicios de procedimiento, se enfrenta a un desafío significativo al evaluar la legalidad de esta nueva normativa. La presión social y las acciones legales en curso podrían influir en la decisión del tribunal, lo que podría tener repercusiones importantes para el futuro del sistema de seguridad social en Ecuador.
En este contexto, es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados sobre los desarrollos legales y las implicaciones de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. La participación activa en el debate público y la defensa de los derechos sociales son esenciales para garantizar que las reformas no comprometan el bienestar de los afiliados y jubilados del país. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de un diálogo abierto y transparente entre el Gobierno, las organizaciones sociales y la ciudadanía, para encontrar soluciones que realmente fortalezcan el sistema de seguridad social sin sacrificar los derechos de los más vulnerables.