La reciente propuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de convocar un referendo para reducir el número de asambleístas en la Asamblea Nacional ha generado un amplio debate en el país. Desde el retorno a la democracia en 1979, Ecuador ha visto un crecimiento en el número de representantes en la Función Legislativa, pasando de 69 a 151 asambleístas. Sin embargo, Noboa plantea una reforma constitucional que podría reducir este número a 73, lo que ha suscitado opiniones encontradas entre los ciudadanos y expertos en política.
### Contexto Histórico de la Función Legislativa en Ecuador
Desde 1979, Ecuador ha mantenido un sistema legislativo unicameral, aunque en el pasado existieron periodos con dos cámaras. Las últimas tres constituciones han establecido un organismo legislativo con variaciones en la representación, pero con un consenso general de que cada provincia debe tener al menos dos representantes. Este principio ha sido fundamental para garantizar una representación pluralista en la Asamblea Nacional.
La propuesta de Noboa busca modificar el artículo 118 de la Constitución, argumentando que la actual estructura legislativa distorsiona la representatividad y vulnera la igualdad del voto. Según el presidente, la reducción de asambleístas a 73 permitiría una mejor representación, con un asambleísta por cada provincia y un adicional por cada 400,000 habitantes. Esto significaría que las provincias más pequeñas, que actualmente tienen más de un representante, se verían afectadas, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos sobre la pérdida de voz en el legislativo.
La propuesta también incluye mantener la representación de los migrantes, quienes, a pesar de ser solo 125,000 registrados, conservarían seis asambleístas, lo que plantea un dilema sobre la equidad en la representación de los ciudadanos en el exterior frente a los que residen en el país.
### Implicaciones de la Reforma Propuesta
Si el referendo es aprobado, la reducción de asambleístas se implementaría en las próximas elecciones legislativas, previstas para 2029. Sin embargo, la propuesta de Noboa no es la primera en su tipo. En el referendo de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso también intentó reducir el número de asambleístas, pero su propuesta fue rechazada. En esa ocasión, la meta era bajar el número a 116 asambleístas, con el objetivo de mejorar la representatividad y la calidad legislativa.
La actual propuesta de Noboa se presenta en un contexto donde también se discuten otras iniciativas, como la apertura a bases militares extranjeras y la eliminación del financiamiento público a organizaciones políticas. Esto ha llevado a algunos analistas a cuestionar si la reducción de asambleístas es realmente una solución a los problemas de representatividad o si es parte de una estrategia más amplia para reconfigurar el sistema político ecuatoriano.
Además, la propuesta de Noboa se enmarca en un escenario donde se prevé un aumento de la población ecuatoriana a 18.4 millones para 2030, lo que podría llevar a un incremento en el número de asambleístas en el futuro. Esto plantea la pregunta de si la reducción actual es una medida temporal o si se convertirá en un cambio permanente en la estructura legislativa del país.
Los críticos de la propuesta argumentan que la reducción del número de asambleístas podría llevar a una menor diversidad de opiniones y a una representación menos efectiva de las distintas regiones del país. La historia reciente de Ecuador muestra que, a pesar de los cambios en la cantidad de representantes, la calidad de la legislación y la efectividad del Congreso han sido temas recurrentes de debate. Por lo tanto, la pregunta sobre si menos asambleístas significará una mejor gobernanza sigue sin respuesta.
El referendo está programado para el 16 de noviembre, y la ciudadanía tendrá la oportunidad de decidir si apoya o rechaza esta propuesta. La decisión no solo afectará la estructura del poder legislativo, sino que también tendrá repercusiones en la forma en que los ciudadanos se sienten representados en el gobierno. La participación activa de la población en este proceso será crucial para determinar el futuro político de Ecuador y la efectividad de su sistema legislativo.
