La reciente audiencia preparatoria de juicio por el caso Las Malvinas ha sacudido a la sociedad ecuatoriana, revelando detalles escalofriantes sobre la desaparición forzada de cuatro menores de edad. Este caso ha puesto en el centro del debate la actuación de las fuerzas militares y la protección de los derechos humanos en el país. La Fiscalía ha acusado a 17 militares, de los cuales 16 son considerados autores directos de este crimen, mientras que un teniente coronel es señalado como cómplice. La gravedad de las acusaciones ha llevado a la opinión pública a cuestionar la militarización y el uso de la fuerza en situaciones que involucran a menores.
### Contexto del Caso
El 8 de diciembre de 2024, cuatro menores de entre 11 y 15 años fueron detenidos por una patrulla militar en el sur de Guayaquil. Según la Fiscalía, los niños regresaban de jugar un partido de fútbol y habían pasado por una panadería antes de ser interceptados. Desde el inicio del procedimiento, se habrían violado múltiples derechos constitucionales, incluyendo el derecho a ser informados sobre las razones de su detención y a comunicarse con un abogado. En lugar de ser tratados como detenidos, los menores fueron considerados como «aislados», lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos.
La situación se tornó aún más grave cuando, tras su detención, los menores fueron sometidos a torturas físicas. Durante la audiencia, el fiscal Christian Farez presentó testimonios que describen episodios de violencia extrema, incluyendo golpizas y humillaciones. Uno de los momentos más impactantes fue cuando se reveló que un soldado había boxeado con uno de los menores, lo que ilustra la brutalidad del trato que recibieron.
### Detalles de la Acusación
La Fiscalía ha presentado un dictamen acusatorio que detalla la participación de cada uno de los 17 militares implicados. Durante la audiencia, se individualizó la acusación, y se expusieron las pruebas que respaldan las denuncias de tortura y desaparición forzada. Los cuerpos de los menores fueron encontrados calcinados el 24 de diciembre de 2024, lo que ha llevado a la Fiscalía a investigar no solo la desaparición, sino también posibles vínculos con el tráfico de órganos, un tema que ha cobrado relevancia en Ecuador en los últimos años.
El testimonio de Luis Eduardo Arroyo Valencia, padre de dos de las víctimas, fue particularmente conmovedor. En su declaración, relató la angustiosa llamada que recibió la noche de la detención, donde su hijo le suplicaba ayuda, afirmando que los militares los habían golpeado y acusado de robo. Este testimonio ha sido fundamental para entender la desesperación y el sufrimiento que vivieron los menores antes de su trágico destino.
La Fiscalía también ha presentado pruebas de comunicaciones entre los militares, donde se expresaban comentarios despectivos sobre los menores y se mostraba una falta de empatía alarmante. Un militar que decidió colaborar con la investigación reveló que uno de sus superiores grabó a los niños mientras los golpeaba, lo que añade una capa más de horror a este caso.
### Implicaciones Sociales y Legales
El caso Las Malvinas no solo ha puesto en evidencia la actuación de las fuerzas armadas, sino que también ha generado un debate más amplio sobre la militarización en Ecuador y sus consecuencias en la población civil, especialmente en los grupos más vulnerables como los niños y adolescentes. Organizaciones como Amnistía Internacional han alzado la voz, alertando sobre el aumento de las desapariciones forzadas y cuestionando los excesos de la militarización en el país.
La audiencia preparatoria de juicio, que se ha visto marcada por múltiples incidentes procesales y postergaciones, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia en Ecuador. La presión social y la cobertura mediática han mantenido el caso en el ojo público, lo que podría influir en el desarrollo del juicio y en la percepción de la justicia en el país.
A medida que avanza el proceso judicial, la sociedad ecuatoriana observa con atención, esperando que se haga justicia por los menores de Las Malvinas y que se establezcan precedentes que protejan los derechos humanos en el futuro. La importancia de este caso radica no solo en la búsqueda de justicia para las víctimas, sino también en la necesidad de reformar las instituciones que deben proteger a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.
