La reciente decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de Ecuador ha generado un gran revuelo en el ámbito político del país. El CAL ha inadmitido la solicitud de juicio político contra la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, presentada por miembros de la revolución ciudadana. Este pedido se fundamentaba en supuestos incumplimientos de funciones relacionados con el caso Progen, que ha sido objeto de controversia en los últimos meses.
### Contexto del Caso Progen
El caso Progen se remonta a finales de 2024, cuando Ecuador enfrentó severas crisis de energía, con cortes de luz que alcanzaron hasta 14 horas diarias. Esta situación fue provocada por una sequía extrema que afectó la capacidad de generación eléctrica del país. Para mitigar esta crisis, el gobierno firmó un contrato con la empresa Progen, con el objetivo de instalar dos centrales eléctricas de 150 megavatios en las localidades de El Salitral y Quevedo. Sin embargo, la instalación de estas centrales nunca se llevó a cabo, lo que ha suscitado acusaciones de mala gestión y desfalco.
La Contraloría General del Estado realizó un examen especial sobre este contrato y determinó que existían indicios de responsabilidad penal, sugiriendo que el Estado podría haber sufrido pérdidas millonarias. Este informe fue uno de los pilares sobre los cuales se fundamentó la solicitud de juicio político contra Manzano, quien ha sido criticada por su papel en la gestión de la crisis energética.
### La Decisión del CAL
El CAL, presidido por Niels Olsen, argumentó que la solicitud de juicio político no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 131 de la Constitución. En un documento fechado el 29 de septiembre de 2024, se indicó que de las 37 firmas presentadas para respaldar el pedido, se encontró duplicidad en dos de ellas, lo que dejó solo 35 firmas válidas. Dado que no se alcanzó el mínimo requerido de una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional, el pedido fue considerado improcedente.
A pesar de esta decisión, el asambleísta Blasco Luna, uno de los promotores del juicio político, ha manifestado su intención de volver a presentar la solicitud. Luna argumenta que el desfalco relacionado con los contratos mal elaborados no puede quedar impune y que es necesario que se tomen acciones para garantizar la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
La ministra Manzano, por su parte, ha defendido su gestión y ha declarado que la situación de los generadores de Progen es incierta, sugiriendo que no se tiene claridad sobre su origen y fabricación. Esta declaración ha sido interpretada por algunos como un intento de desviar la atención de las críticas hacia su administración.
### Reacciones y Consecuencias Políticas
La decisión del CAL ha generado reacciones mixtas en el ámbito político y social. Por un lado, los partidarios de la revolución ciudadana han expresado su descontento, argumentando que la inadmisión del juicio político es un reflejo de la impunidad que persiste en el gobierno. Por otro lado, algunos analistas políticos consideran que la decisión del CAL podría ser vista como un intento de estabilizar el gobierno en un momento de crisis, evitando un mayor desgaste político.
El caso Progen y la decisión del CAL también han puesto de relieve la fragilidad del sistema político ecuatoriano, donde las luchas internas y las acusaciones de corrupción son comunes. La situación actual plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para manejar crisis futuras y sobre la efectividad de las instituciones encargadas de supervisar la gestión pública.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, es probable que el tema del juicio político y la crisis energética continúe siendo un punto focal en la agenda política de Ecuador. La presión sobre la ministra Manzano y el gobierno en su conjunto podría aumentar, especialmente si se presentan nuevas evidencias sobre la gestión del caso Progen y sus implicaciones financieras para el Estado. La política ecuatoriana, marcada por la polarización y la desconfianza, seguirá siendo un terreno complicado para la administración actual, que deberá navegar cuidadosamente para evitar mayores conflictos y mantener la estabilidad.
