La situación en Ecuador ha alcanzado un punto crítico con la reciente declaración de estado de excepción en 12 provincias, una medida adoptada por el presidente Daniel Noboa en respuesta a la creciente radicalización del paro nacional impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Esta decisión, que se formalizó el 4 de octubre de 2025, tiene como objetivo abordar la grave conmoción interna que ha afectado a varias regiones del país y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
**Contexto del Estado de Excepción**
El estado de excepción se ha declarado en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, sumándose a Imbabura y Carchi, donde ya se había implementado esta medida. La duración de esta declaración es de 60 días, aunque existe la posibilidad de que se termine anticipadamente si la situación lo permite. La restricción más significativa que conlleva esta medida es la limitación del derecho a la libertad de reunión, que se aplicará las 24 horas del día, con el fin de prevenir aglomeraciones que puedan perturbar el orden público.
El Decreto 174, firmado por el presidente Noboa, justifica esta acción como una respuesta a las paralizaciones y actos de violencia que han alterado el orden público. Según el decreto, estas acciones han puesto en riesgo la seguridad de los ciudadanos y han afectado sus derechos fundamentales, como la libertad de circulación y el derecho al trabajo. La situación ha sido descrita como una escalada de violencia que ha llevado a la paralización de servicios públicos y al cierre de vías, lo que ha dificultado el traslado de bienes y productos esenciales.
**Reacciones y Consecuencias del Paro Nacional**
La Conaie, liderada por Marlon Vargas, ha sido la principal organizadora de las protestas que han llevado a esta situación. Vargas ha advertido que si el gobierno no responde a sus demandas, las protestas podrían intensificarse, incluso sugiriendo la posibilidad de tomar Quito. Las demandas de la Conaie incluyen la eliminación del subsidio al diésel, la reducción del impuesto al valor agregado (IVA) del 15% al 12%, y la inversión en salud y educación, así como la liberación de comuneros detenidos por terrorismo durante las protestas.
El gobierno de Noboa ha mantenido una postura firme, afirmando que no se negociará la eliminación del subsidio al diésel, argumentando que este beneficio no ha favorecido a los más necesitados, sino que ha beneficiado a contrabandistas y a la minería ilegal. Esta decisión ha generado un descontento significativo entre los sectores que dependen de este subsidio para su sustento diario.
La situación se ha vuelto aún más tensa con la advertencia de Vargas sobre la posibilidad de un golpe de Estado, evocando las protestas que llevaron a la caída de varios expresidentes en el pasado. Esto ha llevado al gobierno a intensificar su vigilancia y a tomar medidas preventivas en ciudades donde se han reportado enfrentamientos entre partidarios de la Conaie y ciudadanos que se oponen al paro.
Las pérdidas económicas también son significativas, con estimaciones que superan los 70 millones de dólares debido a la paralización de actividades económicas. La situación ha afectado especialmente a sectores como el turismo y la agricultura, que son vitales para la economía ecuatoriana.
**Impacto en la Sociedad y el Futuro del Paro**
La declaración de estado de excepción ha generado un debate intenso en la sociedad ecuatoriana. Muchos ciudadanos apoyan las medidas del gobierno, argumentando que son necesarias para restaurar el orden y la seguridad. Sin embargo, otros critican la falta de diálogo y negociación con la Conaie, sugiriendo que una solución pacífica es posible si ambas partes están dispuestas a comprometerse.
El futuro del paro nacional y las protestas dependerán en gran medida de la capacidad del gobierno para abordar las demandas de la Conaie y de la disposición de los líderes indígenas para dialogar. La situación sigue siendo volátil, y las próximas semanas serán cruciales para determinar si se puede encontrar una solución pacífica o si las tensiones continuarán escalando.
En este contexto, la comunidad internacional también está atenta a los acontecimientos en Ecuador, ya que la estabilidad política y social del país tiene implicaciones más amplias en la región. Las acciones del gobierno y la respuesta de la Conaie serán observadas de cerca, y se espera que se tomen medidas para evitar un deterioro mayor de la situación.
