El paro nacional en Ecuador, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha alcanzado su séptima jornada, marcando un hito en la historia reciente del país. Este movimiento social, que comenzó como una protesta pacífica, ha escalado en violencia y tensión, especialmente en la provincia de Imbabura, donde se han reportado incidentes graves, incluyendo la muerte de un comunero indígena y la movilización de fuerzas militares por parte del gobierno. La situación ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre la población, que se ve afectada no solo por las manifestaciones, sino también por la interrupción de servicios básicos como la telefonía y el agua potable.
La jornada del 29 de septiembre de 2025 se ha caracterizado por una serie de movilizaciones en diferentes provincias, donde los pueblos indígenas han salido a las calles para expresar su descontento. En Ambato, comuneros de Salasaka, Chibuleo y Kisapincha han marchado hacia la Gobernación, llevando consigo consignas que enfatizan su identidad y derechos. La frase «Somos pueblo, no somos terroristas» resuena en medio de un ambiente de represión y acusaciones por parte del gobierno, que ha calificado las protestas como actos terroristas. Esta narrativa ha generado un profundo malestar entre los manifestantes, quienes sienten que sus demandas no están siendo escuchadas.
La portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, ha reiterado la negativa a negociar con los líderes indígenas, afirmando que cualquier retroceso en las decisiones tomadas significaría un perjuicio para los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta postura ha intensificado la polarización entre el gobierno y los movimientos sociales, que exigen cambios significativos en las políticas públicas, especialmente en lo que respecta a subsidios y derechos territoriales.
**Impacto en los Servicios Públicos**
Uno de los efectos más inmediatos del paro ha sido la interrupción de servicios esenciales. La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra ha informado sobre daños en las tuberías de agua, atribuidos a las manifestaciones. Esto ha llevado a que varios sectores de la parroquia de Caranqui experimenten bajas presiones o incluso la suspensión del servicio de agua potable. La situación se agrava con la confirmación de fallas en la señal de telefonía celular e internet en Imbabura, lo que ha generado un clima de desesperación entre los ciudadanos que dependen de estos servicios para comunicarse y acceder a información vital.
El gobierno ha culpado a los manifestantes por estos cortes de señal, argumentando que se han reportado ataques a bienes públicos. Sin embargo, muchos ciudadanos cuestionan esta narrativa, señalando que la falta de servicios es una consecuencia directa de la crisis social y política que atraviesa el país. La falta de acceso a la información ha dificultado la capacidad de los ciudadanos para organizarse y mantenerse informados sobre el desarrollo de las protestas y las respuestas del gobierno.
**Reacciones de la Sociedad Civil**
La respuesta de la sociedad civil ha sido variada. Mientras algunos sectores apoyan las demandas de los pueblos indígenas, otros expresan su preocupación por la violencia y el desorden que han acompañado a las manifestaciones. La muerte del comunero Efraín Fuerez ha sido un punto de inflexión, generando indignación y llamamientos a la paz por parte de diversas organizaciones de derechos humanos. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) ha denunciado la violencia ejercida por las fuerzas militares y ha exigido una investigación exhaustiva sobre los hechos ocurridos en Cotacachi.
A medida que el paro nacional avanza, se han sumado nuevas organizaciones a la causa, como la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris, que ha anunciado su adhesión al movimiento con medidas de hecho que comenzarán a implementarse en toda la provincia de Cañar. Esta expansión del paro sugiere que el descontento social es más amplio de lo que el gobierno podría haber anticipado, y que las demandas de los pueblos indígenas resuenan en otros sectores de la población.
La situación en Ecuador es un reflejo de las tensiones sociales que han estado latentes durante años. La falta de diálogo y la negativa del gobierno a abordar las preocupaciones de los pueblos indígenas han llevado a un punto de ebullición que podría tener repercusiones a largo plazo en la estabilidad del país. Las próximas horas y días serán cruciales para determinar el rumbo de esta crisis, y la respuesta del gobierno será observada de cerca tanto a nivel nacional como internacional. La comunidad internacional también ha comenzado a prestar atención a la situación, con llamados a la paz y al respeto de los derechos humanos en el contexto de las protestas.
