La reciente decisión del Gobierno Nacional de suspender la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga ha generado un gran revuelo en la ciudad de Cuenca y sus alrededores. Este proyecto, que se encuentra en una zona sensible llena de páramos y lagunas, ha sido objeto de controversia desde su concepción. La medida, anunciada el 25 de septiembre de 2025, se considera un triunfo para los habitantes de Cuenca, quienes han luchado arduamente para proteger sus recursos hídricos y el medio ambiente.
La suspensión de la licencia ambiental fue motivada por los informes presentados por la Prefectura del Azuay y el Municipio de Cuenca, que alertaron sobre los riesgos que el proyecto podría representar para el suministro de agua de la ciudad. La Presidencia de la República ha enfatizado que la protección de la salud de los ciudadanos y de las fuentes hídricas es una prioridad, y que los gobiernos locales deberán asumir la responsabilidad de la veracidad y consistencia de los informes que han presentado.
### Contexto del Proyecto Loma Larga
El proyecto Loma Larga, desarrollado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals, se ubica a aproximadamente 35 kilómetros al sur de Cuenca, en una zona conocida como Quimsacocha. Esta área ha sido designada como un Área de Recreación Nacional desde 2012, formando parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Sin embargo, las concesiones mineras del proyecto rodean esta área protegida, lo que ha generado preocupación entre los comuneros y organizaciones sociales.
Desde su inicio, el proyecto ha enfrentado la oposición de diversos sectores de la sociedad, quienes argumentan que la minería en esta zona podría afectar gravemente el ecosistema local y el acceso al agua potable. La comunidad ha estado activa en la defensa de sus recursos naturales, organizando marchas y movilizaciones para expresar su rechazo a la minería en Quimsacocha. La reciente marcha por el agua, que reunió a alrededor de 100.000 personas, fue un claro ejemplo de la unidad y determinación de los ciudadanos cuencanos.
### Reacciones a la Decisión del Gobierno
La reacción del Alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue inmediata y positiva. En sus redes sociales, calificó la decisión del Gobierno como un «inmenso logro de la lucha histórica de Cuenca». Zamora destacó la importancia de la participación ciudadana en la defensa de los recursos naturales y la necesidad de que el Gobierno revierta la concesión minera. Además, hizo un llamado para que Quimsacocha sea declarada como zona de máxima protección ambiental, lo que aseguraría la preservación de este valioso ecosistema.
La decisión del Gobierno también ha sido respaldada por diversas organizaciones sociales y ambientalistas, quienes ven en esta medida un paso hacia la protección del medio ambiente y la salud pública. Sin embargo, la situación no está exenta de desafíos. La Presidencia ha dejado claro que los gobiernos locales son responsables de la veracidad de los informes que llevaron a esta decisión, lo que podría generar tensiones en el futuro si se cuestionan los datos presentados.
### Implicaciones para el Futuro de Quimsacocha
La suspensión de la licencia ambiental del proyecto Loma Larga no solo representa una victoria para los habitantes de Cuenca, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la minería en Ecuador. La presión social y la creciente conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental están llevando a un cambio en la forma en que se abordan los proyectos mineros en el país.
La situación en Quimsacocha podría sentar un precedente para otros proyectos mineros en Ecuador, donde la oposición de las comunidades locales ha sido cada vez más vocal. La defensa del agua y el medio ambiente se ha convertido en un tema central en la agenda pública, y la reciente decisión del Gobierno podría ser un indicativo de un cambio en la política minera del país.
A medida que avanza el debate sobre la minería y la protección ambiental, es crucial que las autoridades y la sociedad civil trabajen juntas para encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales. La lucha por Quimsacocha es un ejemplo de cómo la participación ciudadana puede influir en las decisiones gubernamentales y en la protección del medio ambiente.
