En el año 2025, el gobierno ecuatoriano ha implementado una serie de medidas económicas que han generado un gran interés y debate en la sociedad. Con un enfoque en la entrega de bonos y transferencias monetarias, el gobierno de Daniel Noboa ha creado ocho nuevos programas de ayuda, sumando un total de USD 755 millones destinados a diversos sectores de la población. Este artículo examina el impacto de estas iniciativas y las críticas que han surgido en torno a ellas.
**El Aumento de Bonos y Transferencias Monetarias**
Desde enero hasta septiembre de 2025, el gobierno ha lanzado varios bonos, entre los que destaca el Bono Raíces, que ha atraído la atención de miles de pequeños agricultores y campesinos. Este bono ofrece una ayuda de USD 1.000, lo que ha llevado a muchos a hacer largas filas para acceder a este beneficio. La estrategia del gobierno se ha centrado en aumentar el gasto público en un contexto de crisis económica, donde la pobreza y la informalidad son problemas persistentes.
Juan Carlos Salvador, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, ha expresado su preocupación por la dependencia que estas transferencias pueden generar en la población. Según él, las ayudas deben diseñarse de tal manera que fomenten la autosuficiencia y no perpetúen la pobreza. Salvador argumenta que ningún país ha logrado salir del subdesarrollo simplemente aumentando las transferencias sociales. En su opinión, es crucial que estas ayudas vengan acompañadas de condicionantes que incentiven a los beneficiarios a mejorar sus condiciones de vida, como la educación de sus hijos.
El Bono de Desarrollo Humano es un ejemplo de esto, ya que exige que los beneficiarios inscriban a sus hijos en escuelas para poder recibir la ayuda. Sin embargo, muchos de los nuevos bonos lanzados por el gobierno no tienen tales condicionantes, lo que ha generado críticas sobre su efectividad a largo plazo.
**La Estrategia del Gobierno en Tiempos de Crisis**
La decisión del gobierno de aumentar las transferencias monetarias se ha visto influenciada por una grave crisis eléctrica que ha afectado al país, con apagones de hasta 14 horas. En este contexto, se anunció el programa Jóvenes en Acción, que ofrece un pago de USD 400 a jóvenes desempleados a cambio de pasantías en entidades gubernamentales. Este programa ha tenido una buena acogida, pero su implementación se intensificó durante la campaña electoral, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la motivación detrás de estas iniciativas.
Entre los nuevos bonos creados se encuentran el Bono Reactívate, que ofrece USD 1.000 a emprendedores, y un bono especial para policías y militares. Además, se han implementado ayudas para migrantes retornados y agricultores afectados por crisis climáticas. Sin embargo, la estrategia del gobierno ha sido criticada por algunos economistas, quienes advierten que la creación de bonos temporales puede convertirse en una práctica electoral más que en una solución a largo plazo para los problemas económicos del país.
El gobierno ha justificado el aumento en el gasto público argumentando que se financiará con el ahorro generado por la eliminación del subsidio al diésel. Se espera que esta medida genere un ahorro de aproximadamente USD 424 millones, que se destinará a las nuevas transferencias. Sin embargo, la efectividad de esta estrategia sigue siendo un tema de debate entre expertos y ciudadanos.
En resumen, el enfoque del gobierno de Ecuador hacia la creación de bonos y transferencias monetarias en 2025 refleja una respuesta a la crisis económica y social que enfrenta el país. Aunque estas medidas pueden ofrecer alivio inmediato a ciertos sectores, la falta de condicionantes y la dependencia potencial de estas ayudas generan preocupaciones sobre su sostenibilidad y efectividad a largo plazo. La situación económica de Ecuador sigue siendo compleja, y el futuro de estas iniciativas dependerá de su capacidad para fomentar la autosuficiencia y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.
