El 26 de septiembre de 2025, un grupo de jubilados se congregó en las afueras de la Asamblea Nacional de Ecuador para manifestar su oposición al proyecto de Ley de Sostenibilidad Crediticia. Esta normativa, que se encuentra en su etapa final de debate, ha generado un intenso debate sobre el futuro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la protección de los derechos de los jubilados. La situación se ha vuelto crítica, ya que los jubilados temen que la ley busque privatizar recursos esenciales que han sido acumulados a lo largo de los años por los afiliados al sistema de seguridad social.
La ley, presentada por el gobierno de Daniel Noboa, propone reformas significativas al sistema de seguridad social en el país. Según los críticos, la normativa permitiría al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) endeudarse, lo que podría poner en riesgo los fondos de los jubilados. Henry Llanes, líder de una de las organizaciones de jubilados, expresó su preocupación, afirmando que la ley podría llevar a la privatización de las carteras quirografarias, hipotecarias y prendarias, lo que obligaría al Biess a comprar bonos del Estado, poniendo en peligro los recursos de los afiliados.
### La Postura de los Jubilados y la Oposición
Los jubilados que se manifestaron en la Asamblea argumentan que la ley es un intento del gobierno por financiar el déficit presupuestario del Estado, que en 2025 se estimó en cerca de 11,000 millones de dólares. La bancada de Revolución Ciudadana, liderada por Juan Andrés González, se unió a las protestas, afirmando que el gobierno busca despojar a los jubilados de sus bienes y recursos. Viviana Veloz, otra figura prominente de la oposición, subrayó que la intención del gobierno es endeudar al IESS, lo que podría tener consecuencias devastadoras para los jubilados y sus familias.
La situación se complicó aún más cuando la policía estableció vallas metálicas para evitar que los jubilados se acercaran demasiado al edificio de la Asamblea. Esta medida fue vista como un intento de silenciar las voces de quienes se oponen a la ley, lo que ha generado un clima de tensión en el debate legislativo.
Por otro lado, el oficialismo ha defendido la ley, argumentando que no se trata de una privatización, sino de una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Diego Franco, un legislador de Acción Democrática Nacional (ADN), enfatizó que la normativa busca fortalecer los recursos del IESS para asegurar las jubilaciones y prestaciones de los afiliados. Mishel Mancheno, también del oficialismo, respaldó esta afirmación, señalando que los fondos del Seguro Social están en riesgo y que las reformas son una solución necesaria para garantizar su sostenibilidad.
### Implicaciones de la Ley de Sostenibilidad Crediticia
La Ley de Sostenibilidad Crediticia no solo afecta a los jubilados, sino que también tiene implicaciones más amplias para el sistema de seguridad social en Ecuador. La propuesta de permitir que el Biess se endeude para obtener liquidez ha generado preocupaciones sobre la gestión de los fondos de los afiliados y la transparencia en el uso de estos recursos. La historia reciente de inversiones fallidas, como el caso del ISSPOL, donde se perdieron 920 millones de dólares, ha dejado una huella profunda en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones encargadas de manejar sus ahorros.
Los críticos de la ley advierten que, si se aprueba, podría abrir la puerta a una mayor injerencia del gobierno en los recursos del IESS, lo que podría llevar a una crisis de confianza en el sistema de seguridad social. La falta de claridad en cómo se utilizarán los fondos y la posibilidad de que se destinen a cubrir déficits presupuestarios en lugar de garantizar las jubilaciones son puntos que generan un gran descontento entre los jubilados y sus familias.
A medida que el debate avanza, la presión sobre los legisladores aumenta. La necesidad de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del IESS y la protección de los derechos de los jubilados es más urgente que nunca. La respuesta del gobierno y la Asamblea a estas preocupaciones podría definir el futuro del sistema de seguridad social en Ecuador y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
