La reciente decisión del Gobierno ecuatoriano de eliminar el subsidio al diésel ha generado un amplio debate sobre sus posibles repercusiones en la economía del país. El Banco Central de Ecuador (BCE) ha emitido un informe que detalla las proyecciones de crecimiento económico y los efectos inflacionarios que se esperan como resultado de esta medida. A continuación, se analizan los principales puntos del informe y las implicaciones que esto podría tener para los ciudadanos y el sector productivo.
**Proyecciones de Crecimiento Económico**
El BCE ha proyectado que la economía de Ecuador crecerá un 3,8% en 2025, impulsada por una recuperación significativa del consumo de los hogares. Sin embargo, se anticipa que este crecimiento se desacelerará a un 1,8% en 2026, en parte debido a la eliminación del subsidio al diésel. Esta medida, que entró en vigor el 12 de septiembre de 2025, se espera que tenga un impacto considerable en los costos de producción y transporte, lo que podría traducirse en un aumento generalizado de los precios de bienes y servicios.
El informe del BCE señala que, aunque el efecto inmediato de la eliminación del subsidio no será drástico, se prevé que la inflación promedio anual aumente a un 3,2% en 2026, más del doble de lo que se espera para 2025. Esto se debe a que el precio del diésel, que actualmente está congelado en USD 2,80 por galón, comenzará a fluctuar según un sistema de bandas de precios vinculado al mercado internacional a partir de diciembre de 2025. Esta situación podría restringir el poder adquisitivo de los ecuatorianos, especialmente en un contexto donde se prevé una moderación en el crecimiento del consumo de los hogares.
**Medidas Compensatorias y Tensiones Sociales**
El Gobierno ha prometido implementar un paquete de medidas compensatorias para mitigar el impacto de la eliminación del subsidio. Sin embargo, el BCE advierte que la efectividad de estas medidas dependerá de su correcta ejecución y aceptación por parte de los sectores afectados. La incertidumbre sobre la implementación de estas compensaciones podría generar tensiones sociales, especialmente entre los transportistas y los grupos más vulnerables de la población.
Juan Javier Jarrín, director de Investigaciones de la consultora Inteligencia Empresarial, explica que es común que en períodos de recuperación económica se registre un aumento en la inflación debido a un incremento en la demanda de bienes y servicios. Sin embargo, la especulación y la incertidumbre sobre las medidas compensatorias podrían provocar un aumento de precios más pronunciado en el corto plazo.
El Gobierno ha comenzado a entregar compensaciones, como un aumento en el bono para el transporte de pasajeros, que ha pasado de USD 1.000 a USD 1.800 mensuales. Además, se ha incrementado el bono de chatarrización para los transportistas, lo que refleja un intento por parte del Ejecutivo de calmar las aguas en medio de un ambiente de creciente descontento social. Sin embargo, la efectividad de estas medidas aún está por verse, y el BCE ha señalado que la percepción de insuficiencia en las compensaciones podría generar más tensiones.
**Ahorros y Repercusiones Fiscales**
Desde la eliminación del subsidio, el Gobierno ha informado que se ha logrado un ahorro significativo en el presupuesto estatal. Se estima que, de no haberse aplicado esta reforma, el subsidio al diésel habría costado alrededor de USD 1.243 millones en 2025. Con la medida en marcha, se proyecta que el costo se reducirá a aproximadamente USD 819 millones, lo que representa un ahorro de USD 424 millones. Estos fondos se destinarán a compensaciones y otros programas sociales, aunque la efectividad de su implementación será crucial para evitar un descontento generalizado.
En resumen, la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador es una medida que, aunque busca aliviar la carga fiscal del Estado, podría tener efectos adversos en la economía y en la vida cotidiana de los ciudadanos. La combinación de un crecimiento moderado, un aumento en la inflación y la incertidumbre sobre las compensaciones plantea un panorama complejo que el Gobierno deberá manejar con cuidado para evitar un deterioro en la confianza de los ciudadanos y en la estabilidad social del país.
