El reciente anuncio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) sobre un paro nacional ha generado una fuerte reacción en el sector empresarial del país. Este paro, programado para comenzar el 21 de septiembre de 2025, busca la derogatoria del decreto 126, que elimina subsidios a los combustibles. Las principales cámaras de comercio y gremios de empresarios han expresado su oposición a esta movilización, recordando experiencias pasadas que resultaron en pérdidas millonarias para el sector productivo.
**Rechazo del Gremio Empresarial**
El 19 de septiembre de 2025, las cámaras de comercio de Guayaquil y Cuenca, junto con el Comité Empresarial Ecuatoriano, emitieron comunicados en los que rechazaron la convocatoria a paro. La Cámara de Comercio de Guayaquil, en particular, hizo un llamado a la paz y al diálogo, enfatizando que el país no puede permitirse más paralizaciones que afecten la economía y la vida de los ciudadanos. En sus declaraciones, la cámara subrayó que las movilizaciones violentas no solo ponen en riesgo a la población, sino que también causan daños económicos significativos. En 2022, durante un paro similar, se estimó que las pérdidas alcanzaron los 1.000 millones de dólares, de los cuales 775 millones correspondieron al sector privado.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Cuenca también se unió al rechazo, argumentando que cualquier acción que interrumpa las actividades productivas y comerciales afecta directamente a miles de familias ecuatorianas. Este tipo de movilizaciones, según el gremio, no solo perjudica a las empresas, sino que también impacta negativamente en el bienestar de la población.
**Contexto del Paro Nacional**
La convocatoria del paro nacional por parte de la Conaie no es un hecho aislado; se enmarca en un contexto de descontento social que ha ido creciendo en los últimos años. La eliminación de subsidios a los combustibles ha sido un tema recurrente en las protestas, y la Conaie ha utilizado esta situación para movilizar a sus bases. En asambleas anteriores, como las de 2019 y 2022, se han tomado decisiones similares que llevaron a paros nacionales, generando tensiones entre el gobierno y los sectores sociales.
El anuncio de la Conaie se produce en un momento crítico, donde la economía ecuatoriana aún se recupera de los efectos de la pandemia y de crisis anteriores. La eliminación de subsidios ha sido vista por muchos como una medida necesaria para sanear las finanzas del país, pero también ha generado un fuerte rechazo entre los sectores más vulnerables y aquellos que dependen de los precios accesibles de los combustibles para su subsistencia.
La Conaie ha argumentado que el fin de los subsidios afecta desproporcionadamente a las comunidades indígenas y rurales, quienes enfrentan mayores dificultades económicas. En este sentido, el paro nacional se presenta como una herramienta para exigir al gobierno que reconsidere sus políticas económicas y busque alternativas que no perjudiquen a los sectores más desfavorecidos.
A medida que se acerca la fecha del paro, las tensiones entre los sectores productivos y los movimientos sociales continúan en aumento. Las cámaras de comercio han instado a los manifestantes a llevar a cabo sus protestas de manera pacífica, mientras que la Conaie ha mantenido su postura firme en la necesidad de movilizarse para hacer escuchar sus demandas.
Las próximas semanas serán cruciales para observar cómo se desarrollan estos acontecimientos y qué medidas tomará el gobierno para abordar las preocupaciones de ambos lados. La situación actual refleja un país dividido entre la necesidad de estabilidad económica y la urgencia de atender las demandas sociales, un dilema que ha caracterizado la historia reciente de Ecuador.
