Las organizaciones indígenas de Ecuador se encuentran en un momento decisivo tras la convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para un paro nacional indefinido. Este movimiento surge como respuesta a la reciente eliminación del subsidio al diésel, una medida que ha generado un fuerte descontento entre las comunidades indígenas y otros sectores de la sociedad. Desde el 19 de septiembre de 2025, las asambleas se han llevado a cabo en diversas provincias, donde los líderes comunitarios están definiendo sus estrategias de movilización y resistencia.
**Reuniones y Estrategias de Movilización**
En la provincia de Pichincha, específicamente en la sede del Pueblo Kayambi, se realizó una asamblea que reunió a cerca de 50 representantes de diferentes comunidades. Este encuentro tuvo como objetivo principal planificar las acciones a seguir en el marco del paro nacional. La presidenta de la organización, Dennise de la Cruz, lideró la reunión, donde se discutieron los cierres viales y la posibilidad de movilizaciones hacia puntos de encuentro con otros pueblos y nacionalidades.
La asamblea se caracterizó por un ambiente de expectativa y organización. Los asistentes, provenientes de comunidades de Imbabura, Pichincha y Napo, se registraron de manera cuidadosa, dejando sus teléfonos móviles en un canasto para evitar filtraciones de información. Este enfoque refleja la seriedad con la que las comunidades están abordando el paro, asegurando que las decisiones se tomen desde las bases y no de manera unilateral.
A pesar de que no se prevé una salida inmediata a las calles, la presión social está aumentando. Gremios sociales y organizaciones laborales han expresado su intención de unirse al paro, lo que podría amplificar el impacto de las movilizaciones. La Conaie ha establecido diez puntos clave que guiarán sus acciones, centrándose en la eliminación del subsidio al diésel y otros temas de interés para las comunidades indígenas.
**Situación en Otras Provincias y Respuesta del Gobierno**
La situación no es exclusiva de Pichincha. En Azuay, la Federación de Organizaciones Campesinas (FOA) también está organizando acciones para sumarse a la movilización. En esta provincia, las organizaciones han decidido salir a las calles para exigir el cese de actividades mineras, específicamente del proyecto Loma Larga, que ha generado controversia y protestas en Cuenca. La preocupación por el impacto ambiental y social de la minería ha unido a diversas comunidades en su lucha por la defensa de sus territorios.
La respuesta del gobierno de Daniel Noboa ha sido contundente. Desde el inicio de las movilizaciones, se ha incrementado la presencia policial y militar en varias zonas del norte del país. El presidente ha advertido que cualquier intento de paralizar vías o dañar bienes será tratado con severidad, incluyendo detenciones y procesos judiciales por presunto terrorismo. Además, se ha decretado un estado de excepción en varias provincias, lo que incluye un toque de queda en cinco de ellas, restringiendo la libertad de movimiento durante la noche.
Este contexto de tensión entre el gobierno y las comunidades indígenas refleja un panorama complejo en Ecuador. Las movilizaciones no solo se centran en la eliminación del subsidio al diésel, sino que también abordan una serie de demandas históricas que han sido ignoradas por las autoridades. La lucha por los derechos territoriales, la protección del medio ambiente y la justicia social son temas que resuenan en las asambleas y en las calles.
Las próximas semanas serán cruciales para determinar el rumbo de estas movilizaciones. La capacidad de las comunidades para organizarse y coordinar acciones efectivas será fundamental para el éxito del paro nacional. A medida que se intensifican las reuniones y se definen las estrategias, la atención de la sociedad ecuatoriana y de la comunidad internacional estará puesta en cómo se desarrollarán los acontecimientos en este contexto de creciente descontento social. Las decisiones que se tomen en las asambleas de las comunidades indígenas no solo impactarán a sus miembros, sino que también podrían tener repercusiones significativas en la política y la economía del país.
