El clima político en Ecuador se encuentra en un punto crítico tras la reciente convocatoria a una consulta popular por parte del presidente Daniel Noboa. Este anuncio, realizado el 19 de septiembre de 2025, busca que la ciudadanía se pronuncie sobre la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente. La decisión se produce en un contexto de tensiones sociales y políticas, especialmente entre el gobierno y sectores indígenas que han convocado a un paro nacional indefinido.
La consulta popular, que se formaliza a través del decreto 148, plantea una pregunta crucial: «¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?» Esta pregunta refleja la intención del gobierno de abrir un espacio para la discusión y posible reestructuración de la carta magna vigente, que fue redactada en 2009 durante el mandato de Rafael Correa, un ex presidente que se encuentra en la oposición política actual.
### Contexto Político y Social
La convocatoria a la consulta popular se produce en un momento de creciente descontento social. La tensión entre el gobierno de Noboa y diversos sectores de la población ha ido en aumento, especialmente en relación con las políticas económicas y sociales implementadas por su administración. La reciente convocatoria a un paro nacional por parte de grupos indígenas ha puesto de manifiesto las divisiones existentes en la sociedad ecuatoriana. Estos sectores han expresado su rechazo a las medidas del gobierno, que consideran perjudiciales para sus comunidades y derechos.
El presidente Noboa, en su intento por calmar las aguas, ha optado por esta consulta popular como un mecanismo para legitimar o deslegitimar la instalación de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, este proceso no está exento de controversia. La Constitución actual establece que cualquier convocatoria a una Asamblea Constituyente debe ser validada por la Corte Constitucional, un paso que Noboa aún no ha cumplido. Esto ha generado críticas y dudas sobre la legalidad y la viabilidad de la consulta.
### Detalles del Decreto 148
El decreto 148 no solo convoca a la consulta popular, sino que también establece un marco para el funcionamiento de la posible Asamblea Constituyente. Según el artículo 3 del decreto, se solicita al Consejo Nacional Electoral (CNE) que incluya el Estatuto de la Asamblea Constituyente en la papeleta electoral. Este estatuto detalla que, de ser instalada, la Asamblea tendría un periodo de funcionamiento de 180 días, con la posibilidad de prorrogarse una sola vez por 60 días adicionales.
Además, el CNE tiene la responsabilidad de aprobar el calendario electoral correspondiente dentro de los 90 días posteriores a la consulta popular. Esto implica que, si la ciudadanía aprueba la instalación de la Asamblea, se llevarán a cabo elecciones para elegir a los asambleístas constituyentes. Este proceso es fundamental, ya que determinará quiénes serán los encargados de redactar una nueva Constitución, en caso de que la consulta sea favorable.
La propuesta de una nueva Constitución ha generado un amplio debate en la sociedad ecuatoriana. Algunos sectores ven esta iniciativa como una oportunidad para abordar problemáticas históricas y estructurales del país, mientras que otros la consideran un riesgo que podría desestabilizar aún más el panorama político. La polarización en torno a este tema es evidente, y las opiniones están profundamente divididas.
En medio de este contexto, la figura del presidente Noboa se encuentra bajo el escrutinio público. Su capacidad para manejar la situación y llevar a cabo un proceso democrático que refleje la voluntad del pueblo será crucial en los próximos meses. La consulta popular no solo es un mecanismo para decidir sobre la Asamblea Constituyente, sino también una prueba de la legitimidad de su gobierno y su compromiso con la democracia.
La situación en Ecuador es dinámica y está en constante evolución. A medida que se acerca la fecha de la consulta popular, se espera que las tensiones aumenten y que los debates sobre la Asamblea Constituyente se intensifiquen. La ciudadanía ecuatoriana se enfrenta a un momento decisivo que podría definir el rumbo político y social del país en los años venideros.
