El 16 de septiembre de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador llevó a cabo una sesión crucial en la que se aprobó la posesión de cinco nuevos miembros para la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. Esta decisión se enmarca dentro de la implementación de la Ley Orgánica de Integridad Pública, que establece la creación de esta nueva entidad como el máximo órgano de gobierno del Banco Central de Ecuador (BCE). La Junta tendrá un papel fundamental en la regulación del sector financiero del país, y su creación responde a la necesidad de modernizar y unificar las estructuras de regulación que anteriormente estaban divididas en dos juntas separadas: la Monetaria y la Financiera.
La Ley de Integridad Pública, que entró en vigor el mismo día de la sesión, estipula que los nuevos miembros de la Junta tendrán mandatos de duración variable: uno de ellos ocupará el cargo por cuatro años, dos por tres años y los otros dos por dos años. Esta estructura busca garantizar una renovación periódica y un equilibrio en la toma de decisiones dentro de la entidad. En la votación, 80 de los 146 legisladores presentes apoyaron la designación de los candidatos propuestos por el presidente Daniel Noboa, quienes son Gustavo Estuardo Camacho Dávila, Silvia Daniela Moya Arteta, Roberto Javier Basantes Romero, María Isabel Camacho Cárdenas y Jeniffer Nathaly Rubio Abril.
### Funciones y Responsabilidades de la Nueva Junta
La nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria tendrá varias funciones clave que impactarán directamente en la economía del país. Entre sus responsabilidades más destacadas se encuentra la designación del Gerente General del Banco Central, así como la supervisión de su gestión. Esto implica que la Junta no solo tendrá un papel de control, sino que también será responsable de proponer modificaciones a la legislación financiera, monetaria y crediticia, así como a las normativas relacionadas con valores, seguros y servicios de salud prepagada.
Una de las áreas más relevantes que la Junta deberá regular es la de las tasas de interés en el sector financiero. Esto es crucial para garantizar que las condiciones de crédito sean justas y accesibles para todos los ciudadanos. Además, la Junta tendrá la autoridad para requerir información de las entidades del sistema financiero y de aquellas que ofrezcan créditos que superen los límites establecidos por la misma. Esta capacidad de supervisión es esencial para mantener la transparencia y la integridad en el sector financiero.
La creación de esta nueva Junta también responde a un contexto más amplio de transformación en la regulación del sistema financiero ecuatoriano. La Ley de Integridad Pública no solo busca mejorar la gobernanza del Banco Central, sino que también plantea la posibilidad de que algunas cooperativas se conviertan en bancos privados. Esta medida podría abrir nuevas oportunidades para el sector financiero, pero también plantea desafíos en términos de regulación y supervisión.
### Implicaciones para el Sector Financiero
La implementación de la nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria es un paso significativo hacia la modernización del sistema financiero en Ecuador. La unificación de las funciones de regulación en una sola entidad puede facilitar una supervisión más coherente y efectiva, lo que a su vez puede contribuir a la estabilidad económica del país. Sin embargo, la efectividad de esta nueva estructura dependerá en gran medida de la capacidad de los miembros designados para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente y transparente.
Además, la posibilidad de que cooperativas se conviertan en bancos privados podría transformar el panorama financiero en Ecuador. Esto podría fomentar una mayor competencia en el sector, lo que a su vez podría beneficiar a los consumidores a través de mejores tasas de interés y servicios más diversificados. Sin embargo, también es fundamental que la nueva Junta establezca regulaciones claras y efectivas para garantizar que estas transformaciones se realicen de manera segura y responsable.
La creación de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria es un reflejo de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno ecuatoriano para fortalecer la integridad y la transparencia en el sector financiero. A medida que esta nueva entidad asuma sus funciones, será crucial observar cómo se desarrollan sus actividades y cómo impactan en la economía del país en los próximos años.
