Ecuador ha iniciado un nuevo capítulo en su política económica con la eliminación del subsidio al diésel, una medida que ha generado un gran revuelo en el sector automotor y en la población en general. Desde el 13 de septiembre de 2025, el precio del diésel se ha incrementado de USD 1,80 a USD 2,80 por galón, lo que ha llevado a una serie de reacciones tanto de apoyo como de oposición. Esta decisión, tomada por el presidente Daniel Noboa a través del Decreto 126, busca generar ahorros significativos para el Estado, pero también plantea interrogantes sobre su impacto en los ciudadanos y en la economía del país.
El nuevo precio del diésel afecta a un considerable número de vehículos en Ecuador. Según la Estadística de Transporte del Instituto de Estadísticas y Censos de 2024, aproximadamente 424.000 vehículos utilizan diésel, lo que representa el 14% del total de 3,13 millones de vehículos matriculados en el país. Entre estos, los buses son los que más diésel consumen, seguidos por camiones, tráileres y otros vehículos de transporte pesado. En particular, el 44% de las furgonetas y el 35% de las camionetas también dependen de este combustible.
### Reacciones y Medidas Compensatorias
La eliminación del subsidio ha sido recibida con descontento por parte de varios sectores, incluidos transportistas, organizaciones indígenas y trabajadores. Muchos consideran que esta medida es un «paquetazo» que golpeará a las familias ecuatorianas, especialmente a aquellas que dependen del transporte público. En respuesta a este descontento, los transportistas públicos de Pichincha han anunciado una paralización programada para el 15 de septiembre de 2025, mientras que otros sectores se han declarado en «asamblea permanente» para discutir sus próximas acciones.
El Gobierno, por su parte, ha anunciado una serie de medidas compensatorias para mitigar el impacto de esta decisión. Se espera que los ahorros anuales derivados de la eliminación del subsidio alcancen los USD 1.100 millones, que se destinarán a financiar 18 medidas compensatorias. Estas incluyen bonos de USD 1.000 por ocho meses para los buses urbanos, así como la creación del Bono Raíces, que otorgará USD 1.000 a pequeños productores. Además, se prevé un incremento en la entrega del Bono de Desarrollo Humano, que busca apoyar a las familias más vulnerables.
Sin embargo, la efectividad de estas medidas es objeto de debate. Muchos ciudadanos se preguntan si los bonos y ayudas anunciadas serán suficientes para compensar el aumento en los costos de transporte y la carga económica que enfrentan las familias. La incertidumbre sobre el futuro del precio del diésel también genera preocupación, ya que se ha establecido que este precio podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, aunque con límites establecidos de un aumento máximo del 5% y una disminución del 10%.
### Contexto Económico y Social
La decisión de eliminar el subsidio al diésel no se toma en un vacío; forma parte de un contexto económico más amplio en el que el Gobierno busca reducir el déficit fiscal y mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, este enfoque ha suscitado críticas sobre la falta de consideración hacia los sectores más vulnerables de la población, que podrían verse desproporcionadamente afectados por el aumento de los precios del combustible.
La situación es especialmente crítica en las provincias más grandes, como Pichincha y Guayas, donde se concentra la mayor cantidad de vehículos a diésel. La dependencia de este combustible en el transporte público y en la logística de mercancías hace que cualquier aumento en su precio tenga un efecto dominó en la economía local, afectando no solo a los transportistas, sino también a los consumidores finales.
A medida que el Gobierno implementa estas medidas, la respuesta de la población y de los sectores afectados será crucial para determinar el éxito de esta política. Las protestas y movilizaciones anunciadas podrían ser un indicativo de la resistencia social ante cambios que se perciben como perjudiciales para el bienestar de las familias ecuatorianas.
En resumen, la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador es un tema complejo que involucra consideraciones económicas, sociales y políticas. La forma en que el Gobierno maneje esta transición y las respuestas de la ciudadanía serán determinantes para el futuro del país y su estabilidad económica.
