La reciente decisión del gobierno ecuatoriano de eliminar el subsidio al diésel ha generado un intenso debate entre economistas y analistas del país. Desde el 13 de septiembre de 2025, esta medida ha sido calificada por algunos como una ‘decisión histórica’ y ‘valiente’, mientras que otros advierten sobre sus posibles efectos negativos en la economía y el bienestar de la población. La eliminación de este subsidio, que ha estado vigente durante más de cinco décadas, busca mejorar la recaudación fiscal y reducir el contrabando, pero también plantea serias preocupaciones sobre el impacto en el consumo y el empleo.
La eliminación del subsidio al diésel ha sido respaldada por varios sectores, incluyendo el empresarial y el exportador. Analistas como Alberto Acosta-Burneo han argumentado que la práctica de subsidios generalizados ha beneficiado más a los sectores más ricos que a los más vulnerables. Acosta-Burneo señala que, a lo largo de los años, el subsidio ha alimentado el contrabando hacia países vecinos y ha financiado redes criminales, resultando en pérdidas de más de 60,000 millones de dólares. Según él, es fundamental que los subsidios se enfoquen en los más pobres y no en una transferencia masiva de recursos hacia los más ricos.
El analista también refutó la creencia de que el aumento de los precios de los combustibles necesariamente lleva a un aumento generalizado de los precios. En su análisis, citó datos de junio de 2024, cuando se eliminó el subsidio a las gasolinas y la inflación solo repuntó temporalmente. Acosta-Burneo concluyó que la decisión del gobierno de eliminar el subsidio es un paso hacia una política económica más sostenible y equitativa.
Por otro lado, figuras como Alberto Dahik, exvicepresidente de Ecuador, han calificado la eliminación del subsidio como ‘moralmente imprescindible’. Dahik argumenta que el subsidio ha representado un costo superior a toda la deuda pública del país desde 1974 y que su eliminación es tanto correcta desde un punto de vista económico como ético. En su opinión, el gobierno ha tomado una decisión valiente que podría sentar las bases para una política económica más responsable.
Sin embargo, no todos los analistas comparten esta visión optimista. Críticos como Omar Maluk y Carlos de la Torre han expresado su preocupación por el impacto inmediato que la eliminación del subsidio tendrá en la economía. Maluk advirtió que el aumento de un dólar por galón en el precio del diésel podría desencadenar una crisis, mientras que De la Torre enfatizó que, aunque la medida puede ser positiva desde un punto de vista fiscal, en un contexto de recesión económica, podría resultar en una disminución del consumo y, por ende, en una reducción del empleo.
De la Torre también destacó que la eliminación del subsidio podría afectar la competitividad de las exportaciones ecuatorianas, ya que los costos de transporte más altos se trasladarán a los precios de los productos. Esto podría tener un efecto negativo en la recaudación del IVA, lo que contradice el objetivo de mejorar las cuentas fiscales. En su análisis, sugirió que el impacto de la eliminación del subsidio podría ser más perjudicial que beneficioso para la economía en general.
Además, el analista Pablo Dávalos cuestionó la motivación detrás de esta medida, sugiriendo que podría ser una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI). Dávalos argumentó que el subsidio podría ser sostenible y que su eliminación perjudica principalmente a los sectores más vulnerables de la población. Esta perspectiva resuena con las preocupaciones de muchos ecuatorianos que dependen del diésel para sus actividades diarias.
La Corporación de Estudios para el Desarrollo, Cordes Ecuador, también ha emitido su opinión sobre la eliminación del subsidio, considerándola acertada no solo desde el punto de vista fiscal, sino también en términos de equidad y combate a la delincuencia. Sin embargo, la polarización de opiniones sobre este tema refleja la complejidad de la situación económica en Ecuador y la necesidad de un enfoque equilibrado que considere tanto la sostenibilidad fiscal como el bienestar de la población.
En resumen, la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador ha generado un amplio espectro de opiniones, desde el respaldo de algunos analistas que ven en esta medida una oportunidad para corregir distorsiones económicas, hasta las críticas de aquellos que advierten sobre sus posibles efectos adversos en el consumo y el empleo. La discusión sobre este tema es crucial para entender el futuro económico del país y las decisiones que se tomarán en los próximos meses.
