El Gobierno de Ecuador se encuentra en una encrucijada con respecto a la consulta popular y referendo que se planea llevar a cabo el 30 de noviembre de 2025. A pesar de que la intención del presidente Daniel Noboa es clara, los plazos y los requisitos legales presentan un desafío significativo. La Corte Constitucional ha señalado problemas con algunas de las preguntas propuestas, lo que ha llevado al Ejecutivo a considerar nuevas formulaciones. Este artículo examina los detalles de esta situación, los plazos críticos y las implicaciones para el futuro político del país.
### La Propuesta de Consulta y Referendo: Un Contexto Complejo
El 8 de septiembre de 2025, la Presidencia de la República anunció su intención de reformular las preguntas que no lograron el visto bueno de la Corte Constitucional. Este anuncio se produce en un momento en que el tiempo es un factor crucial, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un plazo limitado para convocar a elecciones. Según la normativa, el CNE dispone de 15 días para realizar la convocatoria y 60 días para llevar a cabo las elecciones. Esto significa que, si se desea cumplir con la fecha del 30 de noviembre, el tiempo se está agotando rápidamente.
La Corte Constitucional ha aprobado solo dos preguntas hasta ahora: una relacionada con la implementación del trabajo por horas en el sector turístico y otra sobre la reducción del número de legisladores. Sin embargo, el proceso no es tan sencillo como parece. La jueza ponente, Claudia Salgado, tiene un plazo de 20 días laborales para revisar la convocatoria, lo que añade otra capa de complejidad a la situación. Si se considera que el tiempo es un recurso limitado, el margen para realizar cambios y obtener la aprobación necesaria se reduce considerablemente.
La situación se complica aún más si se tiene en cuenta que el Gobierno planea enviar nuevas preguntas a la Corte. Esto significa que, además de las preguntas ya aprobadas, se deben considerar los plazos adicionales para la revisión de estas nuevas propuestas. La Ley de Garantías Jurisdiccionales establece que, si no se emite un dictamen dentro del tiempo estipulado, se entenderá que las preguntas han sido aprobadas. Sin embargo, esto no garantiza que el proceso se realice sin contratiempos.
### Implicaciones de los Plazos y el Proceso Electoral
El anuncio del presidente Noboa de adelantar la fecha de votación a finales de noviembre ha generado preocupación entre los analistas políticos. La logística de un referendo implica una serie de pasos que deben cumplirse en un orden específico, y cualquier retraso en la aprobación de las preguntas podría poner en riesgo la fecha de votación. La experiencia previa del CNE sugiere que la planificación y ejecución de un referendo requiere tiempo, y la presión del calendario actual podría resultar en un proceso apresurado y potencialmente problemático.
Además, el hecho de que el Gobierno deba enviar nuevas preguntas a la Corte significa que se abrirá un nuevo ciclo de revisión y aprobación, lo que podría extender aún más los plazos. La Corte no tiene un límite de tiempo específico para determinar cómo tratar las enmiendas propuestas, lo que añade incertidumbre al proceso. Esto es especialmente relevante si se considera que algunas de las preguntas pueden tener un impacto significativo en la estructura política y social del país.
Por otro lado, la aprobación de las preguntas relacionadas con el trabajo por horas y la reducción de legisladores podría ser vista como un intento del Gobierno de abordar preocupaciones sociales y económicas. Sin embargo, la falta de claridad sobre el proceso y los plazos puede generar desconfianza entre los ciudadanos, quienes podrían cuestionar la efectividad y la transparencia del proceso electoral.
La situación actual plantea un dilema para el Gobierno: ¿debería seguir adelante con las preguntas ya aprobadas o arriesgarse a un proceso más extenso al incluir nuevas propuestas? La respuesta a esta pregunta podría tener repercusiones significativas en la percepción pública del Gobierno y en su capacidad para implementar cambios significativos en el país.
En resumen, la consulta popular y referendo que se planea para el 30 de noviembre de 2025 enfrenta desafíos considerables. Los plazos son ajustados y la necesidad de reformular preguntas añade un nivel de complejidad que podría complicar aún más el proceso. A medida que se acerca la fecha, será crucial observar cómo el Gobierno maneja esta situación y qué decisiones se toman para garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo de manera efectiva y transparente.
