La Asamblea Nacional de Ecuador ha comenzado el análisis de la proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2025, un proceso que se lleva a cabo en medio de críticas y preocupaciones sobre la ejecución del presupuesto del año anterior. La Comisión de Régimen Económico, presidida por Nathaly Farinango, tiene un plazo de diez días para presentar sus conclusiones al Pleno de la Asamblea, lo que ha generado un ambiente de urgencia y debate entre los legisladores.
### Contexto del Presupuesto 2025
La proforma presentada por el presidente Daniel Noboa asciende a más de 40 mil millones de dólares, y se espera que el análisis de esta propuesta sea exhaustivo, dado el impacto que tendrá en diversas áreas del gobierno. La Comisión de Régimen Económico ha convocado a representantes del Ministerio de Finanzas, la Secretaría de Planificación, el Ministerio de Salud Pública, y otros organismos relevantes para discutir los detalles de la proforma.
Uno de los puntos más críticos que se ha señalado es el aumento del hueco fiscal, que se proyecta en 5.624 millones de dólares para el 2025. Este déficit plantea serias interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones. La legisladora Mónica Alemán, del movimiento Revolución Ciudadana, ha expresado su preocupación por la falta de análisis del presupuesto de 2024, que aún no ha sido evaluado por la Asamblea. Según Alemán, este proceso debería haber sido completado antes de iniciar el análisis del presupuesto 2025, lo que pone de manifiesto la falta de planificación y la urgencia con la que se están tomando decisiones.
La crítica se extiende a la ejecución de los recursos en áreas sensibles como la salud, donde se ha reportado que solo se ha ejecutado un 11,83% del presupuesto asignado. Esta situación es alarmante, ya que refleja una falta de inversión en un sector crucial para el bienestar de la población. Además, se ha mencionado que Ecuador gasta aproximadamente 7.230 millones de dólares en exoneraciones de impuestos y otros beneficios tributarios, lo que representa casi el 6% del PIB. Esta cifra pone de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas fiscales y de gasto del gobierno.
### Respuesta del Gobierno y Propuestas de Mejora
A pesar de las críticas, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, ha defendido la proforma presentada por el Ejecutivo, asegurando que se respetan los mandatos constitucionales, como el incremento anual del 0,5% en educación y salud. Farinango ha indicado que, aunque el tiempo es limitado, la Comisión también podría abordar la ejecución presupuestaria pendiente, lo que permitiría un análisis más completo de la situación financiera del país.
La propuesta de presupuesto incluye un aumento de 470 millones de dólares en el área de seguridad, aunque se ha señalado que solo se ha ejecutado un 10% de la inversión planeada en este sector. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas de seguridad y la necesidad de un plan más robusto para garantizar la seguridad ciudadana.
El debate en la Asamblea se intensifica a medida que se acercan las fechas límite para la aprobación del presupuesto. Los legisladores de diferentes corrientes políticas están llamados a presentar sus observaciones y recomendaciones, aunque la capacidad de la Asamblea para modificar el monto total de la proforma es limitada. La situación actual exige un enfoque colaborativo y una evaluación crítica de las prioridades del gobierno, especialmente en un contexto donde la economía ecuatoriana enfrenta desafíos significativos.
La discusión sobre el presupuesto 2025 no solo es un ejercicio técnico, sino que también refleja las tensiones políticas y las diferentes visiones sobre cómo debe ser administrado el país. La capacidad del gobierno para gestionar el déficit fiscal y garantizar la ejecución efectiva de los recursos será fundamental para el desarrollo sostenible de Ecuador en los próximos años. La Asamblea, como órgano representativo, tiene la responsabilidad de asegurar que las decisiones tomadas en torno al presupuesto respondan a las necesidades de la ciudadanía y promuevan un crecimiento equitativo y sostenible.
