La reciente aprobación de la Ley de Transparencia Social en Ecuador ha suscitado un amplio debate en diversos sectores de la sociedad. Esta legislación, que regula las actividades de fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), fue publicada en el Registro Oficial el 28 de agosto de 2025, tras su aprobación por la Asamblea Nacional. El presidente Daniel Noboa, quien envió el proyecto como una iniciativa económica urgente, no realizó modificaciones al texto original antes de su publicación. La ley ha sido objeto de críticas y preocupaciones, especialmente en lo que respecta a su impacto en la operatividad de las organizaciones sociales.
La Ley de Transparencia Social, que originalmente se conocía como Ley de Fundaciones, tiene como objetivo principal regular el funcionamiento de las fundaciones y ONG en el país. Sin embargo, su contenido ha generado inquietudes sobre posibles abusos y la utilización de estas organizaciones para fines ilícitos. Según el gobierno, estas entidades son vulnerables a ser manipuladas, lo que justifica la necesidad de una regulación más estricta. Sin embargo, la oposición ha cuestionado la verdadera intención detrás de esta ley, sugiriendo que podría ser un mecanismo para controlar y limitar la acción de la sociedad civil.
### Cambios Clave en la Legislación
Uno de los aspectos más destacados de la Ley de Transparencia Social es la obligación de las organizaciones sociales sin fines de lucro de registrarse en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. Este registro debe completarse en un plazo no mayor a 180 días desde la entrada en vigencia de la ley. Esta medida busca crear un control más riguroso sobre las actividades de estas organizaciones, pero también ha sido vista como un obstáculo para su funcionamiento.
Además, la ley incluye reformas significativas a la Ley de Minería y al mecanismo de liquidación de empresas públicas. Por ejemplo, se establece que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no podrá cobrar multas o recargos a las instituciones del Estado que enfrenten liquidaciones. Este punto ha generado críticas, ya que se considera que podría favorecer a ciertas entidades en detrimento de los derechos de los trabajadores.
Otro cambio importante es la modificación en la forma de cálculo de impuestos a las utilidades de los accionistas en las empresas. Esto podría tener un impacto directo en la economía del país y en la forma en que las empresas operan, lo que ha llevado a un debate sobre la sostenibilidad de estas reformas en el largo plazo.
### Reacciones y Críticas
La aprobación de la Ley de Transparencia Social ha generado reacciones mixtas en la sociedad ecuatoriana. Por un lado, algunos sectores apoyan la iniciativa, argumentando que es necesaria para garantizar la transparencia y evitar el uso indebido de recursos por parte de fundaciones y ONG. Sin embargo, muchos otros han expresado su preocupación por el potencial de la ley para restringir la libertad de acción de estas organizaciones.
Las organizaciones de la sociedad civil han manifestado su descontento, señalando que la ley podría limitar su capacidad para operar de manera efectiva. La necesidad de registrarse y cumplir con nuevos requisitos podría desincentivar la creación de nuevas fundaciones y ONG, lo que a su vez afectaría la asistencia social y el apoyo a diversas causas en el país.
Además, la oposición ha criticado la forma en que el gobierno ha manejado el proceso legislativo, acusando al presidente Noboa de utilizar la figura de la urgencia económica para aprobar leyes que, en su opinión, no han sido suficientemente debatidas. Este tipo de prácticas ha sido calificado como una estrategia para evitar la discusión pública y el escrutinio de la sociedad civil.
En resumen, la Ley de Transparencia Social en Ecuador representa un cambio significativo en la regulación de las fundaciones y ONG. Si bien su objetivo declarado es promover la transparencia y evitar el uso indebido de recursos, las implicaciones de su implementación generan un debate intenso sobre la libertad de acción de la sociedad civil y el papel del gobierno en la regulación de estas entidades. A medida que la ley entra en vigor, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo las organizaciones sociales se adaptan a este nuevo marco legal.
