La reciente aprobación de la Ley de Transparencia Social en la Asamblea Nacional de Ecuador ha desatado un intenso debate entre los diferentes sectores políticos del país. Este proyecto, que busca regular las fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de la oposición, quienes argumentan que la normativa podría tener implicaciones negativas para la sociedad civil y la transparencia en el manejo de recursos.
La votación, que tuvo lugar el 26 de agosto de 2025, resultó en 78 votos a favor, lo que representa la cifra más baja de apoyo para las leyes urgentes presentadas en los primeros 100 días del gobierno de Daniel Noboa. La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) logró reunir los votos necesarios, pero no sin enfrentar una serie de objeciones y preocupaciones sobre el contenido de la ley.
### Críticas a la Ley de Transparencia Social
Uno de los puntos más controvertidos de la nueva ley es la supuesta intención del gobierno de evadir pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La oposición, liderada por el Partido Social Cristiano (PSC) y Revolución Ciudadana (RC), ha denunciado que la normativa incluye disposiciones que exoneran a las empresas públicas del pago de multas y recargos al IESS. Alfredo Serrano, asambleísta del PSC, cuestionó esta medida, argumentando que la Constitución establece que los recursos de la seguridad social son distintos a los del fisco, y que esta exoneración podría ser considerada inconstitucional.
Además, la ley impone una serie de requisitos y auditorías a las fundaciones y ONG, lo que, según los críticos, podría llevar a un excesivo control por parte del Estado. La legisladora correísta Liliana Durán expresó su preocupación por el hecho de que las organizaciones comunitarias se verían obligadas a cumplir con estándares que solo son viables para entidades con alta capacidad financiera. Esto podría limitar la operatividad de muchas organizaciones que dependen de donaciones y financiamiento externo.
La oposición también ha señalado que la ley podría abrir la puerta a la persecución de dirigentes comunitarios y sociales, quienes podrían enfrentar investigaciones penales por sus reclamos. Paola Cabezas, otra legisladora del correísmo, advirtió que la normativa crea un «blindaje fiscal» para altos funcionarios del gobierno, lo que podría dificultar la fiscalización de sus actividades y finanzas.
### La Defensa del Oficialismo
Por otro lado, el oficialismo ha defendido la Ley de Transparencia Social como una herramienta necesaria para combatir el lavado de activos y mejorar la transparencia en el manejo de recursos por parte de las fundaciones y ONG. Los miembros de ADN argumentan que la ley no busca controlar ni vigilar las actividades de estas organizaciones, sino más bien asegurar que operen dentro de un marco legal que prevenga la corrupción y el uso indebido de fondos.
El gobierno ha insistido en que la ley es parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer las instituciones y garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada. Sin embargo, esta postura no ha logrado convencer a la oposición, que continúa denunciando lo que consideran una falta de transparencia y un intento de controlar a la sociedad civil.
El debate en torno a la Ley de Transparencia Social refleja una lucha más amplia entre el oficialismo y la oposición en Ecuador, donde las tensiones políticas han aumentado en los últimos años. La aprobación de esta ley podría tener repercusiones significativas en la forma en que las fundaciones y ONG operan en el país, así como en la relación entre el gobierno y la sociedad civil.
A medida que se implementen las disposiciones de la ley, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y si las preocupaciones expresadas por la oposición se materializan en la práctica. La capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para operar libremente y sin temor a represalias será un indicador clave de la salud democrática del país en los próximos años.
