La Ley de Solidaridad Nacional ha generado un intenso debate en Ecuador, especialmente tras la reciente audiencia pública en la Corte Constitucional. Este evento, que se llevó a cabo el 25 de agosto de 2025, reunió a los demandantes y al Gobierno para discutir las cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas contra esta controvertida legislación. La audiencia, presidida por el juez Alí Lozada, se desarrolló de manera telemática, aunque los jueces se reunieron en la sede del organismo. Este artículo explora los argumentos presentados por ambas partes y el contexto en el que se encuentra la Ley de Solidaridad.
### Contexto de la Ley de Solidaridad Nacional
La Ley de Solidaridad Nacional fue aprobada por el oficialismo en un momento crítico para Ecuador, marcado por un aumento en la violencia y la delincuencia organizada. El Gobierno, liderado por el presidente Daniel Noboa, argumenta que esta ley es esencial para regular el conflicto armado interno y enfrentar las amenazas de la delincuencia. Sin embargo, los demandantes sostienen que la ley no cumple con los requisitos constitucionales y que su aprobación fue irregular.
Durante la audiencia, los demandantes se centraron en dos aspectos clave: la forma en que se tramitó la ley y su contenido. Argumentaron que la ley, al tratar temas de seguridad nacional, no debería haber sido clasificada como de urgencia económica. Además, señalaron que la ley carece de unidad de materia, ya que incluye disposiciones que no están relacionadas con el objetivo principal del proyecto.
Por su parte, la representante de la Asamblea Nacional, Mercedes Mediavilla, defendió el proceso de aprobación de la ley, afirmando que se llevaron a cabo audiencias con diversas partes interesadas, incluyendo autoridades de seguridad y representantes de la sociedad civil. Mediavilla argumentó que la urgencia de la ley está justificada por la crisis de inseguridad que enfrenta el país, y que cumple con los requisitos establecidos por la Corte para ser considerada de urgencia.
### Argumentos en Contra de la Ley
Los demandantes presentaron una serie de críticas que cuestionan la legitimidad de la Ley de Solidaridad. En la primera parte de la audiencia, se enfocaron en los problemas de procedimiento, argumentando que la ley no debería haber sido aprobada sin un análisis exhaustivo de su impacto. Además, señalaron que la creación de nuevos delitos, como el de pertenencia a un grupo de crimen organizado, podría vulnerar derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Uno de los puntos más controvertidos fue la caracterización del conflicto armado interno. Los demandantes argumentaron que, según las normas internacionales, para que exista un conflicto armado no internacional, los grupos criminales deben tener la capacidad de llevar a cabo operaciones militares sostenidas y coordinadas. Sin embargo, sostuvieron que en Ecuador, la violencia es esporádica y no alcanza el nivel de organización necesario para ser clasificada como un conflicto armado.
Además, criticaron la falta de temporalidad en las medidas de militarización que permite la ley, lo que podría llevar a un régimen autoritario y de represión. Los demandantes también cuestionaron la falta de claridad en la definición de los actos prohibidos por la ley, lo que podría generar inseguridad jurídica.
### Defensa del Gobierno y la Asamblea
En respuesta a las críticas, el secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, defendió la Ley de Solidaridad, argumentando que su objetivo es claro y que busca debilitar las estructuras que sostienen la economía criminal. Andino enfatizó que las medidas económicas propuestas están directamente relacionadas con el conflicto armado interno y que son necesarias para proteger los derechos de los ciudadanos frente a la creciente violencia.
El delegado del Ministerio del Interior, Douglas Álvarez, también respaldó la ley, afirmando que no busca restringir derechos, sino protegerlos. Según él, la normativa es esencial para frenar la economía criminal y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La Procuraduría, representada por Miguel Mendoza, coincidió con estos argumentos, subrayando la urgencia de la ley en el contexto actual de inseguridad.
La audiencia se dividió en bloques, permitiendo que tanto los demandantes como las autoridades públicas expusieran sus argumentos. A medida que avanzaba la sesión, se hizo evidente que la Ley de Solidaridad Nacional no solo es un tema de debate legal, sino que también refleja las tensiones sociales y políticas en Ecuador. La decisión de la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad de esta ley tendrá un impacto significativo en el futuro del país y en la forma en que se aborda la seguridad y la delincuencia organizada.
