La petrolera estatal Petroecuador ha sido objeto de intensas críticas y debates tras el despido de 1.256 empleados en un periodo de menos de tres meses. Este recorte, que representa aproximadamente el 12% de su nómina, ha generado reacciones encontradas entre expertos, sindicatos y exfuncionarios del gobierno. La situación actual de Petroecuador refleja no solo la necesidad de ajustes en el gasto público, sino también la complejidad de la gestión de recursos humanos en una empresa de tal magnitud.
**El Contexto de los Despidos**
Desde que el presidente Daniel Noboa asumió el cargo, la reducción de personal en Petroecuador ha sido una de las estrategias implementadas para optimizar el gasto público. Aunque el recorte más significativo ocurrió en agosto de 2025, el proceso comenzó en junio con la desvinculación de 70 trabajadores, seguido de otros 250 en julio y 936 en agosto. La empresa justificó estos despidos argumentando que los salarios de muchos de los empleados despedidos eran desproporcionados en comparación con sus funciones y los estándares del mercado. Por ejemplo, un conductor cuyo salario debería ser de USD 566 al mes, estaba percibiendo USD 1.508.
Con estos despidos, la plantilla de Petroecuador se redujo de 10.035 a 8.779 empleados. La empresa estima que estos recortes generarán un ahorro de aproximadamente USD 33 millones anuales, lo que representa un 8% de su gasto total en nómina. Sin embargo, este ahorro es solo una fracción del presupuesto total de la compañía, que asciende a USD 4.209 millones.
**Opiniones Divergentes sobre la Eficiencia**
Las opiniones sobre la eficacia de estos recortes son diversas. Por un lado, algunos expertos y sindicatos han calificado la medida como “antitécnica”, argumentando que no se realizó un análisis adecuado sobre el impacto operativo de los despidos. Marcela Reinoso, exgerenta de Petroecuador, sostiene que el verdadero problema no radica en el tamaño de la nómina, sino en la falta de una estrategia integral que aborde la eficiencia operativa de la empresa. Según ella, el gasto en personal representa solo el 1% del gasto fiscal total, y las oportunidades de ahorro se encuentran en la renegociación de contratos con empresas externas y en la mejora de la venta de petróleo y derivados.
Reinoso también advierte que los despidos han afectado áreas críticas de la empresa, como la supervisión ambiental y las operaciones marítimas, lo que podría poner en riesgo la seguridad y la eficiencia operativa. Ella menciona que, tras los despidos, Petroecuador se vio obligada a recontratar a algunos de los capitanes de amarre, lo que indica que la reducción de personal no fue tan efectiva como se esperaba.
Por otro lado, el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, tiene una perspectiva diferente. Para él, la sobrecarga de personal en Petroecuador es resultado de una gestión ineficiente y de la necesidad de pagar favores políticos. Santos argumenta que la empresa tiene el doble de trabajadores por barril producido en comparación con otras petroleras internacionales, lo que sugiere que los recortes son un paso necesario hacia una mayor eficiencia. Sin embargo, también enfatiza que estos recortes deben ser parte de un plan más amplio que incluya la participación del sector privado en ciertas actividades de la empresa.
La situación de Petroecuador es un reflejo de los desafíos que enfrenta el sector público en Ecuador, donde la necesidad de optimizar el gasto se encuentra en conflicto con la necesidad de mantener la operatividad y la seguridad en una empresa de tal envergadura. La falta de estabilidad en la dirección de la empresa, con siete gerentes generales en menos de un año, también ha contribuido a la incertidumbre sobre el futuro de Petroecuador.
La complejidad de la operación de Petroecuador, que incluye la gestión de 500 kilómetros de oleoductos, tres refinerías y operaciones en la Amazonía, hace que la reducción de personal no sea una solución sencilla. La mayoría de sus empleados, alrededor de 6.197, trabajan en condiciones difíciles en la Amazonía, lo que añade una capa adicional de complejidad a la gestión de recursos humanos en la empresa.
En resumen, los despidos en Petroecuador han abierto un debate sobre la eficiencia y la gestión del personal en el sector público. Mientras algunos ven los recortes como una medida necesaria para optimizar el gasto, otros advierten sobre los riesgos que conllevan para la operatividad y la seguridad de la empresa. La situación actual plantea preguntas sobre el futuro de Petroecuador y la dirección que tomará bajo la administración del presidente Noboa.
