Desde hace décadas, Ecuador ha mantenido un sistema de subsidios a los combustibles que ha generado un profundo impacto en sus finanzas públicas. En 2024, el Ministerio de Finanzas proyecta gastar USD 2.244 millones en subsidios al gas de uso doméstico y al diésel, lo que representa casi la mitad del presupuesto destinado al Ministerio de Educación. Esta situación plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad de estos subsidios y su efecto en la economía del país.
### Subsidios: Un legado complicado
La historia de los subsidios a los combustibles en Ecuador se remonta a 1974, cuando se implementaron por primera vez durante la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara. En ese momento, el país comenzaba a ser un exportador de petróleo y los precios de este recurso estaban en auge. Sin embargo, a lo largo de los años, varios gobiernos han intentado desmontar estos subsidios, especialmente los destinados al diésel y al gas de uso doméstico, pero han enfrentado una fuerte resistencia social. Las protestas han sido una constante cada vez que se ha intentado modificar o eliminar estos subsidios, lo que ha llevado a los gobiernos a revertir sus decisiones.
El ex viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, señala que el gasto en subsidios ha sido millonario y poco transparente. Según datos del Banco Central de Ecuador, entre 2010 y 2023, el Estado gastó USD 53.922 millones en subsidios a los combustibles, de los cuales el 61% fue destinado al diésel y al gas de uso doméstico. Esta cifra es alarmante, especialmente si se compara con el presupuesto del Ministerio de Salud, que para 2025 es de USD 2.798 millones.
La dependencia de estos subsidios ha llevado a Ecuador a una situación insostenible. El país ha pasado de ser un exportador neto de petróleo a depender cada vez más de las importaciones. En el primer semestre de 2025, el 96% del gas consumido en Ecuador fue importado, al igual que el 85% del diésel. Esta realidad plantea un desafío significativo para el gobierno, que debe encontrar un equilibrio entre mantener la paz social y garantizar la sostenibilidad fiscal.
### Desafíos y alternativas para el futuro
El principal desafío que enfrenta el gobierno de Ecuador es cómo reducir el gasto en subsidios sin provocar un estallido social. Los subsidios al diésel y al gas de uso doméstico benefician a sectores de bajos ingresos, lo que complica aún más la situación. Hanns Soledispa, director de Exponential Research, explica que cualquier intento de aumentar los precios del diésel podría resultar en un aumento de las tarifas del transporte público, lo que afectaría a la población más vulnerable.
La situación se complica aún más con el contrabando de combustibles, que se ha vuelto un problema significativo. El diésel subsidiado es cada vez más demandado en mercados ilegales, lo que representa una pérdida adicional de ingresos para el Estado. Carrillo advierte que, a largo plazo, será necesario reducir el gasto en subsidios, ya que el presupuesto estatal no es suficiente y el país se ve obligado a endeudarse cada vez más.
Para abordar esta problemática, algunos expertos sugieren implementar mecanismos de compensación para los sectores más afectados. Por ejemplo, en el caso del gas, el gobierno podría identificar a los hogares más vulnerables y ofrecer ayudas económicas similares al Bono de Desarrollo Humano. Para los transportistas que dependen del diésel, se podrían considerar beneficios como la eliminación del IVA para este combustible o la reducción de aranceles para repuestos.
Además, es crucial que el gobierno mejore la transparencia y la eficiencia en la compra de derivados de petróleo. Esto no solo ayudaría a reducir el gasto, sino que también podría generar un ahorro significativo que podría ser redirigido a otras áreas prioritarias como la salud y la educación.
La situación actual de los subsidios a los combustibles en Ecuador es un reflejo de la complejidad de la economía del país y de las tensiones sociales que pueden surgir de cualquier intento de reforma. A medida que el gobierno busca soluciones, será fundamental encontrar un equilibrio que permita avanzar hacia un sistema más sostenible y equitativo, sin sacrificar la estabilidad social.
