La reciente propuesta legislativa en Ecuador busca establecer un marco regulatorio más estricto para las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Este proyecto, conocido como la «Ley de Transparencia Social», ha sido objeto de debate en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, donde se han recogido diversas opiniones y observaciones de actores clave en el ámbito económico y social del país. La iniciativa tiene como objetivo principal prevenir el uso indebido de fondos y asegurar que las organizaciones operen de manera transparente y alineada con sus objetivos declarados.
### Contexto y Propuestas del Proyecto de Ley
El proyecto de ley, que fue aprobado en su informe para primer debate con una mayoría de ocho votos a favor y dos en contra, establece que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria será la entidad encargada de supervisar y controlar a las organizaciones sociales sin fines de lucro. Esta supervisión incluirá la auditoría y la intervención en caso de irregularidades. Las organizaciones deberán implementar mecanismos de control interno que garanticen la correcta utilización de los recursos y la transparencia en sus operaciones.
Entre las principales disposiciones del proyecto se destaca la creación de un Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. Esta plataforma digital será de acceso público y permitirá a las autoridades y a la ciudadanía tener visibilidad sobre las actividades y finanzas de estas organizaciones. Para operar, todas las fundaciones deberán registrarse en este sistema, lo que les permitirá iniciar sus actividades de manera legal y regulada. La falta de registro implicará la imposibilidad de realizar operaciones, lo que subraya la importancia de la normativa propuesta.
Además, el informe sugiere que las organizaciones deberán presentar un informe anual de gestión y uso de recursos ante la Superintendencia, lo que incrementará la rendición de cuentas y la transparencia. La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, ha señalado que se recibieron numerosas observaciones y comparecencias de diversos actores, incluyendo representantes del gobierno y de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE), lo que refleja la relevancia y el impacto que esta ley podría tener en la sociedad ecuatoriana.
### Implicaciones en el Marco Legal y Económico
La propuesta legislativa no solo afecta a las fundaciones, sino que también implica cambios significativos en otras leyes relacionadas, como la Ley de Economía Popular y Solidaria y la Ley de Lavado de Activos. Se prevé que la UAFE tenga mayores atribuciones para actuar en casos de operaciones sospechosas, permitiendo la inmovilización cautelar de fondos en el sistema financiero nacional. Esto es un paso importante en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ya que se busca fortalecer el control sobre las transacciones financieras que puedan estar vinculadas a actividades ilícitas.
Uno de los puntos más controversiales del proyecto es la modificación de la Ley de Régimen Tributario, que afectaría la distribución de dividendos y utilidades. Según la propuesta, las sociedades residentes en Ecuador estarían sujetas a un impuesto a la renta único del 12% sobre el monto distribuido en dividendos. Esta medida ha generado críticas, especialmente de la bancada de la Revolución Ciudadana, que argumenta que la inclusión de reformas tributarias en este proyecto podría estar violando la unidad de materia, un principio constitucional que establece que un proyecto de ley debe tratar un solo tema.
La propuesta también incluye incentivos para aquellas organizaciones que cumplan con la normativa, lo que podría fomentar una mayor participación y colaboración entre las fundaciones y el gobierno. Sin embargo, la implementación de estos incentivos y la regulación de las actividades de las organizaciones sin fines de lucro serán cruciales para el éxito de la ley.
En resumen, el proyecto de ley para regular las fundaciones en Ecuador representa un esfuerzo significativo por parte del gobierno para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de las organizaciones sin fines de lucro. A medida que avanza el proceso legislativo, será fundamental observar cómo se desarrollan los debates y las negociaciones en la Asamblea, así como las reacciones de las organizaciones afectadas y de la ciudadanía en general. La aprobación de esta ley podría marcar un hito en la regulación del sector y en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos en el país.
