En un evento que ha captado la atención de la opinión pública, la Corte Constitucional del Ecuador ha expresado su preocupación por la exhibición de los rostros de sus jueces en vallas publicitarias durante una marcha convocada por el presidente Daniel Noboa. Este acto, que tuvo lugar el 12 de agosto de 2025, ha sido calificado por la Corte como una forma de estigmatización que pone en riesgo la seguridad e integridad personal de sus miembros. Las vallas, que contenían mensajes acusatorios hacia los jueces, fueron colocadas en puntos estratégicos del recorrido de la marcha, lo que ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial en el país.
La Corte Constitucional ha señalado que la exhibición de los rostros de los jueces no solo afecta su seguridad, sino que también compromete la independencia del organismo. En un comunicado, la Corte enfatizó que la militarización de sus instalaciones y el despliegue de fuerzas armadas en sus alrededores son medidas que, aunque buscan proteger a sus miembros, también reflejan un clima de tensión y presión política. La Corte recordó que su deber es actuar de manera independiente y en estricto apego a la Constitución, lo que requiere garantías para la integridad física de sus autoridades y la inviolabilidad de sus instalaciones.
### La Marcha y sus Implicaciones
La marcha del 12 de agosto fue convocada por el presidente Noboa en respuesta a la suspensión temporal de 17 artículos de las leyes de Inteligencia, Integridad y Solidaridad, que habían entrado en vigencia recientemente. Esta suspensión fue decidida por la Corte Constitucional, lo que generó un fuerte rechazo por parte del gobierno. Durante la manifestación, se exhibieron vallas con mensajes que acusaban a los jueces de «robar la paz» al firmar en contra de leyes que, según el gobierno, eran necesarias para la protección de la ciudadanía.
El contexto de esta marcha no es nuevo en Ecuador, donde la relación entre el poder ejecutivo y el judicial ha sido históricamente tensa. Noboa se une a una larga lista de mandatarios que han intentado influir en las decisiones de la Corte Constitucional, un organismo que debe actuar con autonomía y sin presiones externas. La Corte ha recordado que el debate sobre la constitucionalidad de las leyes impugnadas debe llevarse a cabo en audiencias públicas, programadas para iniciar el 18 de agosto de 2025, y no en el marco de manifestaciones que pueden poner en riesgo su integridad.
### La Seguridad de los Jueces en el Centro del Debate
La preocupación por la seguridad de los jueces ha sido un tema recurrente en el discurso de la Corte. En su comunicado, la institución subrayó la importancia de contar con un entorno seguro que permita a sus miembros desempeñar sus funciones sin temor a represalias. La militarización de sus instalaciones, aunque justificada como una medida de protección, ha sido vista como un indicativo de la creciente tensión entre el gobierno y el poder judicial.
La Corte Constitucional ha hecho un llamado a las instituciones del Estado para que garanticen la seguridad y el normal funcionamiento de sus actividades. Este llamado es fundamental en un contexto donde la independencia judicial es crucial para el fortalecimiento de la democracia en Ecuador. La Corte ha reiterado que no ha tomado decisiones de fondo respecto a las leyes impugnadas y que su trabajo se realiza con la máxima celeridad y objetividad, en cumplimiento de la Constitución.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de las leyes de Inteligencia, Integridad y Solidaridad, y sobre cómo se desarrollará el debate en las audiencias públicas programadas. La Corte ha enfatizado que el espacio adecuado para discutir la constitucionalidad de las normas es en el marco de estas audiencias, y no en el contexto de protestas que pueden desvirtuar el proceso judicial.
En resumen, la exhibición de los rostros de los jueces en vallas publicitarias durante la marcha de Noboa ha desatado un debate sobre la independencia judicial y la seguridad de los jueces en Ecuador. La Corte Constitucional ha defendido su autonomía y ha hecho un llamado a las autoridades para que respeten su labor y garanticen un entorno seguro para el ejercicio de sus funciones. La situación sigue siendo tensa, y el desenlace de las audiencias públicas programadas será crucial para determinar el futuro de las leyes impugnadas y la relación entre el poder ejecutivo y el judicial en el país.
