En un contexto económico donde las empresas han acumulado significativas utilidades no repartidas, el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador ha propuesto un nuevo proyecto de ley que busca establecer un impuesto para aquellas compañías que no distribuyen sus ganancias entre los accionistas. Este proyecto, conocido como Ley de Transparencia Social, tiene como objetivo incentivar la distribución de utilidades y, al mismo tiempo, generar ingresos fiscales que puedan ser utilizados para el desarrollo del país.
### Acumulación de Utilidades y su Impacto Económico
El director del SRI, Damián Larco, reveló que las empresas ecuatorianas han acumulado alrededor de USD 29.000 millones en utilidades no distribuidas durante más de una década. Esta cifra es alarmante, ya que representa una parte significativa de la economía nacional que no está siendo reinvertida ni distribuida entre los accionistas. Larco enfatizó que muchas de estas utilidades han permanecido sin movimiento por más de diez años, lo que plantea serias preguntas sobre la gestión financiera de estas empresas y su compromiso con el desarrollo económico del país.
El nuevo impuesto se aplicará a aquellas empresas que opten por acumular sus utilidades en lugar de repartirlas. Según el proyecto de ley, las empresas que acumulen hasta USD 100.000 en utilidades no distribuidas estarán exentas del impuesto. Sin embargo, aquellas que superen este umbral deberán pagar un anticipo que variará entre el 0,75% y el 2,5% dependiendo del monto de las utilidades no distribuidas. Esta medida busca no solo aumentar la recaudación fiscal, sino también fomentar una cultura de reinversión y distribución de utilidades entre los accionistas.
### Detalles del Nuevo Impuesto y su Implementación
El impuesto propuesto se pagará como un anticipo y se calculará de manera progresiva, lo que significa que las empresas con mayores utilidades no distribuidas enfrentarán tasas impositivas más altas. Larco explicó que este anticipo podrá ser utilizado como crédito tributario en el futuro, siempre y cuando la empresa decida repartir o reinvertir sus utilidades en el siguiente año. Esta disposición es clave, ya que permite a las empresas tener cierta flexibilidad en su gestión financiera, al mismo tiempo que se asegura que el Estado reciba ingresos por las utilidades que no están siendo utilizadas para el crecimiento económico.
El director del SRI también destacó que, si se consideran las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2024, la cifra total de utilidades acumuladas podría ascender a USD 36.000 millones. Esta cantidad es comparable con los ingresos del Presupuesto General del Estado, lo que subraya la importancia de abordar este tema desde una perspectiva fiscal y económica. La falta de distribución de utilidades no solo afecta a los accionistas, sino que también limita la capacidad del Estado para financiar proyectos y servicios públicos esenciales.
El proyecto de ley ha generado un amplio debate en el sector empresarial y entre los economistas, quienes ven en esta medida una oportunidad para mejorar la transparencia y la responsabilidad fiscal de las empresas. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre cómo este impuesto podría afectar la inversión y la competitividad de las empresas en el país. Algunos críticos argumentan que un impuesto adicional podría desincentivar a las empresas a reinvertir sus utilidades en el desarrollo de nuevos proyectos o en la expansión de sus operaciones.
A medida que el proyecto de ley avanza en el proceso legislativo, será crucial observar cómo se implementarán estas medidas y qué impacto tendrán en la economía ecuatoriana. La propuesta de un impuesto sobre las utilidades no distribuidas representa un cambio significativo en la política fiscal del país y podría sentar un precedente para futuras reformas económicas. Las empresas deberán adaptarse a este nuevo entorno fiscal y considerar cuidadosamente sus estrategias de distribución de utilidades para evitar sanciones y maximizar su crecimiento a largo plazo.
