La reciente propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno ecuatoriano ha generado un intenso debate en el ámbito económico y político del país. Con la intención de recaudar aproximadamente 545 millones de dólares, esta reforma se enmarca dentro de un proyecto más amplio que busca establecer un control más riguroso sobre las fundaciones y las operaciones financieras. En este contexto, se han llevado a cabo comparecencias en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, donde representantes del Ministerio de Economía y otros actores clave han expuesto sus puntos de vista sobre la nueva legislación.
### Contexto de la Reforma Tributaria
La reforma tributaria propuesta incluye un impuesto único del 12% sobre la distribución de dividendos o utilidades de las sociedades residentes en Ecuador. Esta medida, según los funcionarios del gobierno, tiene como objetivo generar ingresos permanentes para el Estado, lo que es crucial para la sostenibilidad fiscal del país. La subsecretaria de Planificación, Andrea Sánchez, destacó que la recaudación estimada de 545,82 millones de dólares contribuirá significativamente a la planificación presupuestaria y a la reducción de la dependencia de ingresos extraordinarios.
Además, se ha mencionado la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y detección de flujos irregulares de capitales. En este sentido, se prevé la contratación de 20,000 inspectores que estarán encargados de supervisar más de 60,000 organizaciones, lo que representa un esfuerzo considerable para mejorar la transparencia en el manejo de recursos financieros.
La propuesta ha suscitado reacciones diversas. Por un lado, algunos sectores apoyan la iniciativa, argumentando que es un paso necesario para combatir la corrupción y el lavado de activos. Por otro lado, hay quienes advierten que ciertas disposiciones de la reforma podrían vulnerar convenios de libertad sindical y afectar la operatividad de las empresas.
### Operaciones Sospechosas y la Necesidad de Mayor Transparencia
Un aspecto crítico que ha salido a la luz durante las comparecencias es el alarmante número de operaciones sospechosas reportadas en el sistema financiero. Según Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, en el primer semestre de 2025 se registraron 3,396 reportes de este tipo. Esta cifra pone de manifiesto la urgencia de implementar medidas más efectivas para el control y la supervisión de las actividades financieras en el país.
Rodríguez sugirió que el sistema financiero debería tener acceso a información más detallada, como las listas de personas que cumplen condenas por delitos relacionados con el lavado de activos. Esta propuesta busca mejorar la capacidad de las instituciones para identificar y prevenir actividades ilícitas, lo que es fundamental para restaurar la confianza en el sistema financiero ecuatoriano.
Por su parte, Emilio Gallardo, director jurídico del Comité Empresarial Ecuatoriano, expresó su preocupación por algunas disposiciones de la reforma que podrían afectar la libertad sindical. Este tipo de advertencias resalta la necesidad de un equilibrio entre la regulación y la protección de los derechos laborales, un aspecto que no debe ser pasado por alto en el proceso de implementación de la nueva ley.
La discusión sobre la reforma tributaria y el control de flujos irregulares de capitales no solo es relevante desde una perspectiva económica, sino que también tiene implicaciones sociales y políticas. La forma en que se maneje esta legislación podría influir en la percepción pública del gobierno y su capacidad para abordar problemas críticos como la corrupción y la transparencia.
En resumen, la nueva Ley Urgente presentada por el gobierno ecuatoriano busca establecer un marco más robusto para el control de las fundaciones y las operaciones financieras, al tiempo que introduce cambios significativos en la tributación de las utilidades. A medida que avanza el debate en la Asamblea, será crucial observar cómo se equilibran los intereses económicos con la protección de los derechos de los trabajadores y la necesidad de una mayor transparencia en el sistema financiero del país.
