Ecuador se encuentra en un momento crucial de su historia política, ya que el Gobierno, liderado por el presidente Daniel Noboa, se prepara para llevar a cabo una consulta popular y un referendo. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, ha declarado que el objetivo es realizar este evento entre el 30 de noviembre y los primeros días de diciembre de 2025. Sin embargo, las preguntas que se someterán a votación aún no han sido enviadas a la Corte Constitucional para su calificación, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre y debate en el país.
### Contexto de la Consulta Popular
La consulta popular se ha convertido en un tema candente en Ecuador, especialmente después de que el presidente Noboa propusiera una serie de preguntas que incluyen la posibilidad de que los jueces de la Corte Constitucional sean considerados como autoridades sujetas a juicio político. Esta propuesta ha suscitado una variedad de reacciones, tanto a favor como en contra, y ha sido interpretada por algunos como una respuesta a las recientes decisiones de la Corte que suspendieron varios artículos de leyes aprobadas por el movimiento oficialista ADN.
La ministra Rovira ha defendido la consulta, afirmando que no se trata de una retaliación política hacia la Corte Constitucional. En una entrevista reciente, enfatizó que el Gobierno busca fortalecer la relación entre las instituciones y la ciudadanía, y que la Corte ha fallado en cumplir con su deber de representar los intereses del pueblo. «La Corte Constitucional le ha dado la espalda a la ciudadanía, a la policía, a los militares. No estamos para puntos medios», declaró Rovira, lo que refleja la tensión existente entre el Ejecutivo y el poder judicial.
### Reacciones y Críticas
Las críticas hacia la Corte Constitucional no se han limitado a la ministra de Gobierno. Niels Olsen, presidente de la Asamblea, también ha expresado su descontento con el organismo judicial, señalando que las decisiones de la Corte han complicado el trabajo del Gobierno. La situación se ha vuelto aún más compleja con la admisión de demandas contra las leyes recientemente aprobadas, lo que ha llevado a un clima de confrontación entre el Ejecutivo y el Judicial.
El presidente Noboa había anticipado que la consulta popular se llevaría a cabo el 14 de diciembre, pero la ministra Rovira ha indicado que el Gobierno está considerando adelantar la fecha. «Estamos pensando en el 30 de noviembre, los últimos días de noviembre, los primeros de diciembre», comentó, lo que sugiere una estrategia para movilizar a la ciudadanía antes de las festividades de fin de año.
La ministra también ha mencionado que el paquete de preguntas que se enviará a la Corte podría incluir nuevas interrogantes, dependiendo de la respuesta de la Corte a las propuestas iniciales. Esto añade un nivel adicional de incertidumbre, ya que el contenido final de la consulta popular aún está en discusión.
### Implicaciones para el Futuro Político
La consulta popular y referendo propuestos por el Gobierno de Noboa tienen el potencial de cambiar significativamente el panorama político en Ecuador. La inclusión de preguntas sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional podría sentar un precedente en la relación entre el Ejecutivo y el Judicial, y podría influir en la percepción pública sobre la independencia de la justicia en el país.
Además, el contexto en el que se presenta esta consulta es crucial. La Corte Constitucional ha estado bajo el escrutinio público debido a sus decisiones recientes, y la propuesta de Noboa podría ser vista como un intento de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Sin embargo, también existe el riesgo de que esta acción sea interpretada como un ataque a la independencia judicial, lo que podría tener repercusiones negativas para el Gobierno.
La situación actual en Ecuador es un reflejo de las tensiones inherentes en un sistema político donde el equilibrio de poderes es fundamental. La consulta popular no solo es una herramienta para que el Gobierno busque legitimidad, sino que también es un campo de batalla donde se definirán las relaciones entre las distintas ramas del poder.
A medida que se acerca la fecha de la consulta, será esencial seguir de cerca las reacciones de la ciudadanía y de los actores políticos. La manera en que se maneje esta situación podría tener un impacto duradero en la política ecuatoriana y en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
