El reciente juicio político contra Gonzalo Albán, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ha generado un intenso debate en el ámbito político ecuatoriano. Este proceso, impulsado por el asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Keevin Gallardo, se centra en acusaciones de incumplimiento de funciones, lo que ha llevado a cuestionar no solo la legalidad de las acciones de Albán, sino también las motivaciones detrás de este juicio.
### Contexto del Juicio Político
El 6 de agosto de 2025, la Comisión de Fiscalización del Asamblea Nacional calificó el pedido de juicio político contra Gonzalo Albán. Este proceso se inició tras la denuncia de Gallardo, quien argumenta que Albán tenía una afiliación política activa cinco años antes de postularse para el CPCCS, lo cual es considerado ilegal según la normativa vigente. Sin embargo, Albán ha defendido su posición, alegando que dicha afiliación fue irregular y no consentida, un argumento que fue respaldado previamente por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La situación se complica aún más por el hecho de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha recibido múltiples denuncias de personas que aparecen como adherentes a organizaciones políticas sin haber firmado nunca esas afiliaciones. Este contexto plantea interrogantes sobre la transparencia y la legitimidad de las acusaciones presentadas contra Albán.
La rapidez con la que se ha desarrollado este juicio político ha suscitado dudas entre los miembros de la oposición, especialmente en las filas correístas. Ana Herrera, asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), ha expresado su preocupación por la velocidad del proceso, sugiriendo que podría haber intereses ocultos detrás de esta acción. Según Herrera, el juicio podría ser un intento de reconfigurar las fuerzas políticas dentro del CPCCS, especialmente en un momento en que el consejo está llevando a cabo concursos importantes.
### Proceso y Reacciones
Una vez que la Comisión de Fiscalización calificó el pedido de juicio político, se notificó tanto a Gallardo como a Albán, quienes ahora tienen un plazo de 15 días para presentar pruebas que respalden sus respectivas posiciones. Este proceso no solo es crucial para el futuro de Albán, sino que también podría tener repercusiones significativas en la estructura política del CPCCS y en la Asamblea Nacional.
El juicio político requiere más de un centenar de votos para que se lleve a cabo la censura y destitución de Albán. La dinámica de votación en la Asamblea se ha vuelto un tema de interés, ya que la bancada de gobierno ha mostrado su apoyo al inicio del proceso, mientras que la oposición se ha abstenido en gran medida. Esto refleja una polarización política que podría influir en el resultado final del juicio.
Los comentarios de Gallardo sobre la supuesta irregularidad en la afiliación política de Albán han sido el eje central de la acusación. Sin embargo, el hecho de que el TCE haya fallado a favor de Albán en el pasado plantea dudas sobre la solidez de las pruebas que se presentarán en el juicio. La situación se vuelve aún más compleja cuando se considera el contexto político en el que se desarrolla este juicio, donde las alianzas y los intereses políticos juegan un papel fundamental.
El juicio político a Gonzalo Albán no solo es un caso aislado, sino que se inscribe en un panorama más amplio de tensiones políticas en Ecuador. La lucha por el control del CPCCS y la influencia que este organismo tiene en la política nacional son temas que han estado en el centro del debate público. La capacidad del CPCCS para llevar a cabo sus funciones de manera independiente y transparente es crucial para la confianza pública en las instituciones democráticas del país.
A medida que avanza el proceso, será fundamental observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué impacto tendrá este juicio político en la dinámica política de Ecuador. La atención estará centrada no solo en el destino de Gonzalo Albán, sino también en las implicaciones más amplias que este caso podría tener para el futuro del CPCCS y la Asamblea Nacional. La situación actual es un reflejo de las complejidades y desafíos que enfrenta la política ecuatoriana, donde las decisiones tomadas en el ámbito legislativo pueden tener repercusiones duraderas en la gobernanza del país.
